El 12 de marzo de 2025, Brookfield inició un proceso arbitral internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), presentando la demanda de Brookfield a Perú por US$2,700 millones. Esta cifra corresponde al valor de Rutas de Lima S.A.C., afectada por la anulación de peajes en el norte de Lima.
Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, se pronunció al respecto, asegurando que el Estado peruano “no va a pagar nada”. Su argumento central es que la decisión de quitar los peajes fue tomada por el Tribunal Constitucional, no por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Posición de López Aliaga frente a la demanda de Brookfield a Perú
López Aliaga sostiene que la responsabilidad no recae en la comuna capitalina. Por ello, destacó que la Municipalidad ha presentado una contrademanda contra Brookfield en la Corte de Washington, en Estados Unidos.
Sin embargo, admitió que ganar este arbitraje será difícil, ya que está ligado a un contrato firmado con Odebrecht. “Es imposible ganarles”, afirmó en Canal N, refiriéndose a la complejidad del proceso. Además, confía en que la demanda de Brookfield a Perú se debilitará si se sentencia a la exalcaldesa Susana Villarán, a quien vincula con irregularidades.
Estrategia y críticas del alcalde
Para reforzar su postura, López Aliaga planea argumentar ante el CIADI que la anulación de los peajes fue una decisión constitucional, no municipal. Asimismo, señaló que casos de corrupción relacionados con Villarán serán clave.
Acusa a una supuesta “cúpula caviar”, que incluiría a la exalcaldesa y al director de IDL-Reporteros, de favorecerla. “El Tribunal Constitucional suprimió esto porque es una aberración, esto nace de un tema corrupto de la señora Villarán, que recibió una coima”, sentenció Rafael López Aliaga. Por consiguiente, el alcalde cree que estas pruebas invalidarán los reclamos de Brookfield.
Contexto de la demanda de Brookfield a Perú
Brookfield alega que acciones arbitrarias de la Municipalidad de Lima y otras entidades, incluido el Tribunal Constitucional, justifican su compensación. Sin embargo, López Aliaga insiste en que el Estado no desembolsará fondos.
La demanda de Brookfield a Perú ha generado tensiones, especialmente por la magnitud del monto y las implicaciones legales. El CIADI evaluará si la anulación de los peajes constituye una violación contractual, un punto que definirá el desenlace.