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Procuraduría exige a Ollanta y Nadine más de S/422 millones como reparación

Humala y Heredia también están siendo procesados por supuestamente haber recibido contribuciones ilegales a las campañas electorales del Partido Nacionalista Peruano en 2006 y 2011.
Por Valeria Crespo
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Nadine y Ollanta

La Procuraduría ad hoc, encargada de investigar los casos vinculados a Odebrecht y Lava Jato, ha presentado una solicitud al Poder Judicial. En ella exige al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros involucrados, a pagar más de S/422 millones como compensación por daño patrimonial.

¿A cuánto asciende la deuda millonaria?

Nadine y Ollanta
Humala y Heredia también enfrentan juicio por presuntos aportes ilegales a campañas del Partido Nacionalista Peruano en 2006 y 2011.

Los mencionados pagarían S/422 millones 900 mil 366. Además, tendrían que pagar de manera solidaria US$1 millón 800 000 dólares por daño extrapatrimonial. Estas propuestas se presentaron como parte de la solicitud de la Procuraduría ad hoc.

Por su parte, el juez Jorge Chávez Tamariz ha aceptado esta solicitud el 14 de marzo, determinando que cumple con los requisitos del artículo 100 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, su decisión abre la posibilidad de que se efectúe el pago en caso de que los investigados sean culpables de los cargos presentados por la Fiscalía.

¿Qué delitos se les imputan a Ollanta y Nadine en el juicio en curso?

La Fiscalía está llevando a cabo una investigación contra Ollanta, Nadine y otros implicados por presuntamente favorecer a la constructora brasileña O.A.S en el proyecto de ‘Instalación de un Centro de Convenciones en Lima‘, situado en el distrito de San Borja.

Cabe señalar que, también enfrentan un juicio oral por supuestos aportes ilegales a las campañas electorales del Partido Nacionalista Peruano en 2006 y 2011. El fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado penas de 20 años y 26 años y medio de prisión, acusándolos de presunto delito de lavado de activos.

La defensa legal del Perú argumenta que el daño patrimonial se originó por pagos indebidos y falta de cobro de penalidades, mientras que el daño extrapatrimonial está relacionado con la afectación a la imagen institucional del Estado.