Un bloque de diez gremios empresariales del Perú, entre ellos ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y CANATUR, emitió este miércoles un pronunciamiento en el que exige medidas urgentes ante lo que califica como «graves irregularidades» en el proceso electoral registradas desde el día del sufragio, el 12 de abril.
El primer punto del pronunciamiento demanda una auditoría independiente a los sistemas y procesos informáticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los firmantes sostienen que dicha revisión debe concluir antes de la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta presidencial, y que debe ser ejecutada por una empresa de «reconocido prestigio internacional» para garantizar imparcialidad.
Los gremios advierten que las irregularidades detectadas podrían responder a deficiencias operativas o, en el peor escenario, a «una eventual manipulación deliberada, lo cual constituiría un fraude y un ilícito penal».
Piden cabeza del jefe interino de la ONPE
El segundo punto del documento exige la separación del jefe interino de la ONPE y del equipo vinculado al anterior titular de la institución. Los gremios argumentan que estos funcionarios «son en gran medida responsables de las irregularidades cometidas» y que su permanencia no genera confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta electoral.
En el tercer punto, los firmantes proponen que la logística del traslado de ánforas —tanto hacia los locales de votación como hacia los almacenes de resguardo— sea asumida íntegramente por personal de las Fuerzas Armadas del Perú, como mecanismo para blindar el proceso contra cualquier riesgo de manipulación externa.
El pronunciamiento fue suscrito también por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), PERUCÁMARAS, ASPAN, la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, GTL y GRETCAPP, y lleva fecha del 6 de mayo de 2026 en Lima.
