El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un crédito suplementario por S/ 9,596 millones para el ejercicio presupuestal 2026. El ministro Rodolfo Acuña Namihas afirmó que la medida responde a las prioridades del país y se ejecutará dentro de los parámetros de estabilidad fiscal.
El anuncio cobra relevancia en el contexto del cierre de gestión del Gobierno, que busca dejar compromisos de inversión pública formalizados en sectores críticos como transporte, salud y educación.
¿A qué sectores se destinarán los recursos?
Según precisó el ministro Acuña Namihas, los fondos garantizarán la continuidad de proyectos e inversiones en transporte, agua y saneamiento, salud, educación y agricultura. También se contempla la atención frente a situaciones de emergencia.
El titular del MEF subrayó que la medida «se traduce en más inversión para cerrar brechas, más obras, mayor seguridad y mejores servicios para la población».
De acuerdo con la información consignada por Andina, el funcionario indicó que los recursos «llegarán a obras y servicios que la población espera y necesita».
Posición del MEF sobre la estabilidad fiscal
El ministro Acuña Namihas enfatizó que el Gobierno deja una economía estable y que el crédito suplementario es una medida fiscalmente responsable. No calificó la operación como expansión del gasto sin respaldo, sino como una asignación presupuestal orientada a resultados concretos.
El crédito suplementario es un instrumento legal que permite al Ejecutivo incrementar el presupuesto aprobado cuando se dispone de fuentes de financiamiento identificadas, sin alterar el marco de reglas fiscales vigentes.
Sectores beneficiados según el MEF
- Transporte: continuidad de proyectos de infraestructura vial.
- Agua y saneamiento: obras para ampliar cobertura de servicios básicos.
- Salud: inversiones en infraestructura y equipamiento.
- Educación: sostenimiento de proyectos en ejecución.
- Agricultura: financiamiento de iniciativas del sector agrario.
- Emergencias: recursos para atención de desastres y contingencias.
Preguntas frecuentes y contexto clave
¿Qué es un crédito suplementario en el presupuesto público del Perú?
Un crédito suplementario es una modificación al presupuesto institucional que permite incrementar el techo de gasto de una entidad o sector cuando se cuenta con recursos adicionales identificados y disponibles. En Perú, su aprobación está regulada por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y debe contar con fuentes de financiamiento que la sustenten, como mayores ingresos fiscales, saldos de balance o transferencias.
A diferencia de un crédito bancario convencional, este instrumento no implica endeudamiento externo por sí mismo, sino una reasignación o ampliación formal del presupuesto del Estado dentro del marco legal vigente.
¿Qué es la estabilidad fiscal y cómo se mide en Perú?
La estabilidad fiscal hace referencia al equilibrio entre los ingresos y gastos del Estado a lo largo del tiempo, de modo que la deuda pública se mantenga en niveles sostenibles. En Perú, el MEF es el organismo rector de la política fiscal y debe cumplir con las reglas establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), que fija límites al déficit fiscal y al crecimiento del gasto no financiero del Gobierno Central.
Cuando el MEF señala que una medida es fiscalmente responsable, indica que no supera los límites de déficit permitidos ni compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.
¿Qué diferencia hay entre inversión pública y gasto corriente en el presupuesto del Estado?
La inversión pública corresponde a los recursos destinados a la creación o mejora de activos físicos y sociales, como carreteras, hospitales, colegios o sistemas de agua potable. Su objetivo es ampliar la capacidad productiva del país y reducir brechas de infraestructura. El gasto corriente, en cambio, financia la operación cotidiana del Estado: sueldos, bienes, servicios y transferencias regulares.
Los créditos suplementarios pueden destinar fondos a ambas categorías, aunque en este caso el MEF enfatizó que los S/ 9,596 millones buscan asegurar la continuidad de obras e inversiones en sectores prioritarios.