Machu Picchu, la ciudadela inca que se erige sobre las montañas de los Andes, y que acogía a miles de turistas internacionales, ahora se enfrenta a un panorama difícil motivado por la decisión de un «paro indefinido».
Luego de que el Gobierno adjudicara la comercialización de las entradas virtuales a Machu Picchu Pueblo a la empresa privada Joinnus, la polémica se desató y provocó la reacción de distintos sectores, entre gremios turísticos, comerciantes y la población local.
Desde el jueves 24 de enero, miles de personas han encabezado diversas movilizaciones, situación que ha provocado el cierre de negocios y bloqueo de accesos.
Además, se han suspendido las actividades de los trenes que conducen a Machu Picchu, lo que dejó varados a cientos de turistas, quienes tuvieron que ser evacuados.
Los manifestantes alegan que el contrato con Joinnus se celebró sin un concurso público transparente, y que se trata de la privatización del servicio, que pone en riesgo la seguridad y sostenibilidad del sitio arqueológico, pues la venta debería estar a cargo del Estado y no de una empresa privada.
Por su parte, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, negó tales acusaciones y enfatizó que el objetivo es proteger el monumento histórico. «Machu Picchu no se privatiza, es parte del patrimonio cultural de todos los peruanos y peruanas, y está administrado por el Estado, que es el Ministerio de Cultura”, aseguró.
Además, explicó que se están encaminando todos los esfuerzos para romper con la red de «mafia» que vende ilegalmente las entradas.
En esa línea, Joinnus lanzó un anuncio oficial través de sus canales digitales, a fin de descartar la privatización del acceso al histórico santuario y pidió al Ministerio de Cultura adelantar el término de su contrato, tras las protestas ocurridas.
En ese sentido, la compañía se comprometió a cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Cultura y a no cobrar comisiones por la venta de entradas durante seis meses.
Golpe al turismo
El sector turismo es el más afecta frente al problema. Solo hasta el fin de semana, ya se calculaba un total de 1,800 turistas variados y pérdidas que superaban los S/2 millones.
De hecho, según el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), Tito García, el paro indefinido en Machu Picchu Pueblo produce la pérdida de más de S/1 millón diario debido a la paralización de actividades.
Consultado por RPP, Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), señala que el Perú aún logra superar sus números prepandémicos.
«Nuestros números eran de 4,6 millones de turistas. En el 2023 hemos cerrado en 2,2 millones, estamos muy bajos. La expectativa que se tenía para el 2024 era cerrar en 3,2 millones; sin embargo, con esta situación, no creo que superemos los 2,3 millones. Es así de crítico», enfatizó.
Los pedidos de la población
Quienes protestan exigen la anulación del contrato establecido por el Ministerio de Cultura con Joinnus que, desde el 20 de enero, se encarga de la venta de entradas a la ciudadela inca.
Esta, cabe decir, es una opción que ya ha sido totalmente descartada por la ministra Urteaga.
Otro de los pedidos está dirigido a la renuncia de titular de la cartera, a quien responsabilizan de permitir la comercialización de entradas a la compañía.
Pronunciamientos y soluciones
El gobierno peruano ha expresado su disposición a dialogar con los manifestantes, pero hasta el momento no se ha logrado llegar a un acuerdo.
Tras una reunión con ministros del Estado, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, pidió a los manifestantes que levanten las protestas para instalar una mesa de diálogo en Machu Picchu pueblo.
En respuesta a este pedido, la Federación de trabajadores del Cusco (FDTC), junto con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP Central) rechazó establecer un diálogo con ministra de Cultura así como la propuesta de Salcedo para levantar la huelga.
«Cualquier diálogo se hará con una nueva Ministra de Cultura. (…) Exigimos que el Gobernador Regional de Cusco, a defender a la región del Cusco, dejando de ser un instrumento de maniobra de esta ministra corrupta y exigiéndole su renuncia», se lee en el comunicado.
Los líderes de la protesta, por su parte, anunciaron ayer, 29 de enero, que darán una tregua de 24 horas con el fin de instalar una mesa técnica de negociación con tres ministros para hallar una solución a la huelga. Se espera la llegada de los titulares de Comercio Exterior, Cultura y Ambiente.