La presidenta electa Keiko Fujimori plantea reducir el déficit fiscal hasta 1% del PBI en 2031, atraer entre US$5,000 millones y US$7,000 millones adicionales de inversión privada cada año y generar 3 millones de empleos formales durante su próximo gobierno.
Estos objetivos forman parte de su plan de gobierno, que prioriza la estabilidad macroeconómica, la simplificación regulatoria y la digitalización del Estado.
Las propuestas cobran relevancia luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara este viernes la victoria de la candidata de Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral del 7 de junio, tras culminar el proceso de proclamación nacional de resultados.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo 50.135% de los votos válidos (9,223,396), frente al 49.865% (9,173,755) alcanzado por Roberto Sánchez.
Economía centrada en inversión privada
El eje económico del plan mantiene la defensa de la economía social de mercado, el respeto a la propiedad privada y la estabilidad jurídica como mecanismos para impulsar la inversión.
Entre las principales metas figura reducir el déficit fiscal al 1% del PBI mediante una mayor eficiencia del gasto público y la ampliación de la base tributaria, sin incrementar la carga impositiva sobre los contribuyentes formales.
Asimismo, propone eliminar más de 500 trámites administrativos, reducir en 40% el tiempo requerido para aprobar proyectos de inversión (que actualmente supera los 18 meses en sectores como minería, infraestructura y energía) y digitalizar el 80% de los procedimientos empresariales mediante una Ventanilla Única Digital Nacional con herramientas de inteligencia artificial.
Para las micro y pequeñas empresas, el plan contempla la implementación de la denominada «Licencia 0», que permitiría iniciar operaciones sin costos ni trámites previos. También propone un programa de capital semilla para jóvenes, líneas de crédito dirigidas a mujeres emprendedoras y la exoneración del Impuesto a la Renta durante tres años para jóvenes que inicien un negocio.
Seguridad con inteligencia artificial
En materia de seguridad ciudadana, el programa plantea crear Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) en las 24 regiones del país, integrados mediante inteligencia artificial y mapas del delito en tiempo real.
Durante los primeros 100 días de gobierno, la propuesta contempla adquirir 1,000 patrulleros inteligentes, instalar 10,000 cámaras interconectadas y modernizar 200 comisarías. También incluye la creación de un Comando Unificado Permanente contra la Inseguridad y la construcción de cuatro penales de máxima seguridad.
La meta al 2031 es reducir en 20% la tasa nacional de homicidios y disminuir la impunidad del 90% al 50% mediante la ampliación de las Unidades de Flagrancia Express.
Energía, infraestructura y agro
En el sector energético, el plan busca que las energías renovables no convencionales representen 20% de la matriz eléctrica al 2031, además de impulsar un Polo Energético del Norte y lanzar una Agenda Nacional del Hidrógeno Verde.
Respecto a Petroperú, propone concentrar la empresa en las actividades de refinación y distribución, además de vender activos considerados no estratégicos para reducir una deuda cercana a US$8,500 millones.
En infraestructura, prioriza el desarrollo mediante Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos, así como la ejecución de US$3,000 millones pendientes en proyectos de transmisión eléctrica para el sur y el oriente del país.
Para el agro, el programa incluye la reactivación de grandes proyectos de irrigación como Chavimochic III, Majes Siguas II, Alto Piura, Poechos II, Chinecas y Puyango-Tumbes, además de elevar la superficie con riego tecnificado del 34% al 60% hacia 2031.
Digitalización del Estado y lucha contra la corrupción
Otra de las propuestas centrales consiste en implementar un «Shock Anticorrupción Digital», basado en inteligencia artificial para supervisar contrataciones públicas, detectar posibles sobrecostos y publicar en tiempo real las licitaciones, contratos y adendas del Estado.
El plan también plantea fortalecer las facultades de la Contraloría, impedir que empresas sancionadas por corrupción contraten con el Estado e interoperar las declaraciones patrimoniales de funcionarios con la SUNAT y la UIF.
Según el documento, la meta es reducir en 30% las pérdidas económicas ocasionadas por la corrupción, estimadas en S/24,268 millones anuales.
Contexto político
La presentación de estas propuestas coincide con la oficialización de los resultados electorales por parte del JNE, que proclamó a Keiko Fujimori como presidenta electa tras concluir el proceso establecido por la legislación electoral.
El organismo electoral informó que la ceremonia de entrega de credenciales a la fórmula presidencial se realizará el próximo 15 de julio en el Teatro Nacional, paso previo al inicio del nuevo gobierno.