Los ministerios de Economía y Vivienda son intervenidos en estos momentos por la Policía y la Fiscalía como parte de un megaoperativo que se ha desarrollado durante la madrugada contra una presunta organización criminal que estaría integrada por funcionarios públicos del Ministerio de Economía, alcaldes y gobernadores regionales.
Esta presunta organización criminal, según las primeras informaciones, indican que se tratarían de funcionarios del Ministerio de Economía que pedían a los alcaldes o gobernadores regionales el 5 % del monto de los proyectos de obras públicas que se aprobaban en este sector.
Tal como informa RPP Noticias, los objetivos de este megaoperativo son 13 personas y se está allanando en estos momentos 36 inmuebles, incluidas las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas. El operativo se realiza en Lima en viviendas ubicadas, por ejemplo, en Puente Piedra, Comas, Ventanilla y otros distritos, y regiones como Loreto, Junín, Jauja y Huancayo.
La intervención está a cargo de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), del equipo de investigaciones especiales número 2, y la Fiscalía Anticorrupción de Lima, a cargo de la fiscal titular Janny Sánchez-Porturas. Entre los intervenidos se encuentran los funcionarios Julio César Vega y Norbert Bustamante.
La Policía cercó los alrededores del Ministerio de Economía para evitar que personas ajenas ingresen a las inmediaciones de este despacho. En el lugar se pudo observar al menos 10 efectivos de la Policía que están resguardando la entrada principal, además de diferentes unidades vehiculares.
El Ministerio de Vivienda informó que brinda «todas las facilidades» a los representantes de la Fiscalía y de la Policía que ingresaron a la sede de esta institución «a fin de contribuir a una investigación sobre hechos que datan del 2018».
En tanto, el Ministerio de Economía también señaló que «se encuentra brindando todas las facilidades para que las autoridades puedan completar las investigaciones, identificar a los responsables y aplicar las sanciones».
El fiscal Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción, informó que hasta el momento hay 11 detenidos de un total de 13 detenciones dispuestas por el Poder Judicial como parte de la investigación a la presunta organización criminal ‘Los gestores’, además de los allanamientos que se vienen realizando a las oficinas de entidades públicas y en las viviendas de las personas que han sido detenidas.
«Estamos hablando de alcaldías, entre las que se encuentran Loreto, estamos hablando del Gore Loreto, incluso hay un allanamiento en la casa del gobernador, estamos hablando de los inmuebles de alcaldes de La Concepción, por ejemplo, en Junín son como más de cinco alcaldías en ese lugar. En Nauta, en Huánuco tenemos algunos allanamientos también», dijo para luego precisar que, por el momento, se trata de sectores en provincia.
Según el fiscal del caso, la presunta red criminal se distribuía diversos lugares, a través de intermediarios que iban a hacer las tratativas con los alcaldes, es decir, que obtenían estos proyectos para que después sean aprobados, viabilizados y luego entregado el dinero.
El fiscal a cargo de la investigación a la presunta organización criminal ‘Los gestores’ detalló que el monto entregado a cambio de estas presuntas irregularidades era del 5 %; sin embargo, precisó que también se entregaban a cambio algunas dádivas, por ejemplo, una laptop «para congraciarse con algunos funcionarios», sobre todo con los que tenían a cargo la entrega de la buena pro del proyecto en cuestión.
«Hasta ahora tenemos mapeado 11 obras, que no se limitan a esas 11 obras, pero estamos hablando de obras de 200 millones, 70 millones, diversos montos, que sumadas todas dan aproximadamente mil millones. Todavía estamos en investigación, pero son algunos alcaldes que todavía se encuentran en actividad (tres) y algunos alcaldes que ya han sido cesados por diversos motivos», detalló.
«Hemos encontrado dinero en algunos lugares, que han sido incautados y van a ser materia de investigación. El Ministerio de Economía (y el Ministerio de Vivienda) nos está prestando las facilidades para hacer la extracción de la información que va a ser analizada. No implica que es la institución la que está involucrada, sino algunos malos funcionarios que han hecho uso del cargo que tienen», añadió.
