El Perú llega a la recta final de su proceso electoral con una paradoja que sus próximos gobernantes deberán administrar debido a que los indicadores macroeconómicos muestran resiliencia, pero la experiencia cotidiana de millones de hogares está marcada por inflación fuera de control, un dólar que rompió el techo proyectado por el banco central y un mercado laboral donde siete de cada diez trabajadores operan en la informalidad.
Con más del 96% de actas procesadas por la ONPE, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tiene asegurado su pase a la segunda vuelta del 7 de junio con más del 17% de los votos válidos.
El segundo cupo sigue en disputa entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, 12.05%) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular, 11.90%), una diferencia de apenas 0.15 puntos que el Jurado Nacional de Elecciones espera definir oficialmente hacia mediados de mayo. Mientras el país aguarda ese desenlace, la economía impone su propia agenda.
La inflación más alta en tres décadas
El dato que marcó el trimestre fue el alza mensual del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana en marzo: 2.38%, la variación mensual más alta en 32 años, según el INEI.
Con ello, la inflación interanual se ubicó en 3.80% en Lima y 3.38% a nivel nacional, ambas por encima del rango meta del BCRP de 1% a 3%.
El BCRP identificó tres factores detrás del choque: la ruptura del ducto de Camisea operado por TGP, que cortó el suministro de gas natural y Líquidos de Gas Natural durante la primera quincena de marzo; el encarecimiento del petróleo, que superó los US$ 100 por barril a fines del mes; y las lluvias y heladas en la sierra central que golpearon la producción agrícola.
El impacto no fue homogéneo. El transporte subió 9.06% en Lima, empujado por el gas licuado vehicular (+75.55%), el diésel (+33.02%) y el gasohol (+32.53%).
Los alimentos y bebidas subieron 3.24% y la educación 2.93% por el inicio del año escolar. La dimensión del fenómeno queda clara en un solo dato del INEI: 353 de los 586 productos de la canasta familiar —el 60.2% del total— registraron alzas en marzo.
El dólar rompió el techo del BCRP
Abril trajo otra señal de alerta. Tras cerrar marzo en torno a S/ 3.47, el dólar retrocedió a S/ 3.39 en la primera semana del mes, apoyado por operaciones de cobertura del banco central. Esa calma duró poco.
A partir del 21 de abril, la divisa retomó una trayectoria alcista sostenida: S/ 3.475 el 23 de abril, S/ 3.49 el 25, S/ 3.51 el 28 y S/ 3.535 en el mercado paralelo al cierre del 29 de abril.
Esa secuencia coloca al dólar por encima del rango proyectado por el BCRP para el cierre de 2026 (S/ 3.34–S/ 3.46), una señal que el próximo gobierno heredará desde el primer día de gestión.
Detrás del movimiento confluyen dos fuerzas: las tensiones externas —volatilidad en commodities y presiones en Medio Oriente— y la incertidumbre interna del proceso electoral, que amplifica la demanda por cobertura cambiaria.
El BCRP tiene margen para actuar: sus reservas internacionales superan los US$ 100,076 millones, equivalentes al 28% del PBI, aunque hasta la fecha ha preferido instrumentos indirectos antes que ventas spot directas.
Una inversión privada que crece, pero con advertencias
A diferencia del consumo, la inversión privada llegó al año electoral con impulso propio. En 2025 creció 10.1%, su mayor ritmo desde 2012 —excluido el rebote postpandémico—, impulsada por grandes proyectos mineros como Tía María y Zafranal, el avance de la Línea 2 del Metro de Lima y una inversión residencial que retomó terreno positivo por primera vez en tres años. La inversión minera creció cerca del 19%.
El historial electoral, sin embargo, introduce una advertencia concreta: en años de elecciones, el segundo y tercer trimestre han mostrado desaceleraciones sistemáticas de la inversión privada, según el IPE.
A ello se suma que ese 10.1% de 2025, aunque positivo, está lejos del 20% promedio que registraba la inversión en el ciclo de altos precios de minerales entre 2005 y 2012.
La postura del próximo gobierno frente a la seguridad jurídica y los contratos de inversión será la variable determinante.
El BCRP proyecta un crecimiento de 3.2% para 2026, luego de cerrar 2025 con 3.3%. Las cifras son positivas. El problema es la transmisión.
El 70.2% de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad: más de 12 millones de personas sin seguro de salud, sin pensión y sin compensación por tiempo de servicios.
La brecha es más pronunciada fuera de Lima: en zonas rurales la informalidad alcanza el 94.8%, y en ciudades como Juliaca, Pucallpa y Ayacucho supera el 80%.
Para estos trabajadores, la inflación de alimentos y transporte —los rubros más golpeados— representa una pérdida de bienestar real que ningún indicador agregado captura con precisión.
El consumo privado avanzó 3.6% en 2025, su mayor tasa desde 2018, pero ese dinamismo descansó en fuentes extraordinarias: retiros previsionales, liberación de CTS y mejora del empleo formal.
A medida que esas fuentes se agoten, el gasto dependerá del ingreso laboral, dominado por el empleo informal y de baja productividad.
Un soporte que suele pasarse por alto es el de las remesas. Según el BCRP, los envíos de peruanos en el exterior sumaron US$ 5,368 millones en 2025, un crecimiento de 11.7% frente a 2024 y equivalentes al 1.6% del PBI.
Para miles de hogares con vínculos en Estados Unidos y España, esos flujos cubren alimentación, salud y educación en un contexto de presión inflacionaria creciente.
¿Cuáles son las propuestas para el salario mínimo?
Las propuestas de los dos candidatos con mayor opción de llegar a la presidencia parten de diagnósticos distintos. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) propone elevar el sueldo mínimo a S/ 2,000, financiado con una reforma tributaria que incluye impuestos a sobreganancias y grandes fortunas.
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) no contempla un aumento específico del piso salarial, sino la creación de 500,000 empleos formales mediante desregulación y fomento a la inversión privada.
El consenso técnico es claro en ambos casos: en una economía donde siete de cada diez trabajadores son informales, el alcance de cualquier aumento del salario mínimo es limitado.
Incrementos sin mejoras en productividad pueden, incluso, acelerar la informalización en micro y pequeñas empresas.
La herencia que espera al ganador
El próximo gobierno recibirá fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos: reservas internacionales en niveles históricos, proyecciones de crecimiento moderado, inversión privada recuperada y una tasa de referencia del BCRP estabilizada en 4.25% que actúa como ancla frente a la inflación.
Pero recibirá también tres frentes abiertos: una inflación por encima del rango meta del banco central, un tipo de cambio que ya superó el techo proyectado para todo 2026 y un mercado laboral donde más de 12 millones de trabajadores quedan fuera del alcance de cualquier política de ingresos formal.
Esa distancia —entre lo que muestran los agregados y lo que viven los hogares— será la verdadera agenda económica de los próximos cinco años.