El Pleno del Congreso aprobó el 28 de octubre el dictamen de la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2025.
La decisión pone fin a 12 años sin aprobación parlamentaria de este documento, que consolida información sobre las operaciones presupuestarias, financieras, económicas y patrimoniales del Estado.
La votación fue de 36 votos a favor, nueve en contra y nueve abstenciones en el Senado.
En la Cámara de Diputados, el dictamen recibió 85 votos a favor, 11 en contra y 25 abstenciones, según informó el Congreso.
La aprobación incorpora medidas para dar seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de la República, mejorar la información financiera estatal y registrar las obras públicas paralizadas.
Sin embargo, el respaldo parlamentario no implica validar la gestión de las entidades ni descartar posibles responsabilidades de sus funcionarios.
MEF deberá presentar un plan para implementar recomendaciones
José Arista, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, sostuvo durante la sustentación que el rechazo de las cuentas durante los últimos 12 años no había permitido avanzar de manera efectiva en el seguimiento de las recomendaciones del órgano de control.
Entre las medidas incluidas en el dictamen figura la presentación de un plan de implementación de las recomendaciones de la Contraloría a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La propuesta también contempla facilitar el acceso de la Contraloría a información tributaria anonimizada de la Sunat, con respeto de la reserva tributaria.
Estas disposiciones buscan que las observaciones de auditoría tengan un mecanismo de seguimiento.
Su alcance práctico dependerá de cómo se implementen las medidas y de la información que se publique sobre su cumplimiento.
Congreso plantea inventario nacional de obras paralizadas
El dictamen también contempla la creación de un Inventario Nacional de Obras Paralizadas, que permitirá reunir información sobre proyectos detenidos y servir de base para formular medidas orientadas a su reactivación.
Durante el debate parlamentario se mencionaron 2,416 obras paralizadas, valorizadas en aproximadamente S/67,000 millones.
Estas cifras dimensionan el valor de los proyectos pendientes, aunque no permiten determinar por sí solas cuánto costaría terminarlos ni qué proporción podría reanudarse.
La iniciativa deberá traducirse en información útil para el seguimiento de cada proyecto.
Entre los datos relevantes para evaluar su avance figuran el costo actualizado, el presupuesto pendiente, las causas de la paralización y la entidad responsable.
Qué observó la Contraloría en las cuentas de 2025
La auditoría de la Cuenta General arrojó resultados distintos según el componente examinado.
De acuerdo con la información presentada durante la sustentación, la Contraloría emitió una opinión limpia sobre el Estado de Tesorería y el Estado de la Deuda Pública, mientras que formuló una opinión con salvedades sobre los estados presupuestarios por errores focalizados en el gasto.
En los estados financieros consolidados, el órgano de control se abstuvo de emitir una opinión.
Esta conclusión no equivale automáticamente a una opinión adversa ni demuestra, por sí sola, la existencia de fraude o de delitos.
Significa que no se expresó una conclusión de auditoría sobre ese componente.
Entre las limitaciones mencionadas durante el debate figuraron las dificultades para validar los ingresos tributarios administrados por la Sunat, la transición a nuevas normas contables del sector público y los plazos para emitir los informes de auditoría.
Por ello, la aprobación parlamentaria no elimina las observaciones de control.
El seguimiento de las recomendaciones será relevante para determinar qué deficiencias pueden corregirse y qué información adicional necesita el Estado para mejorar la presentación de sus cuentas.
El 99.6% de las entidades quedó integrado en la Cuenta General
La Cuenta General de 2025 incorporó información de 2,536 de las 2,547 entidades que conformaban el universo institucional del sector público, equivalente al 99.6%, según el informe publicado por el MEF.
El documento precisa que 254 entidades no presentaron oportunamente su rendición de cuentas dentro del plazo establecido, que venció el 13 de marzo de 2026.
Tras las acciones de regularización, 243 de ellas entregaron su información contable hasta el 30 de marzo.
Las 11 entidades restantes no fueron integradas en la información consolidada: cinco eran empresas no operativas, cuatro estaban en liquidación y dos correspondían a gobiernos locales.
La cobertura de 99.6% mide la proporción de entidades incorporadas, pero no necesariamente la proporción del presupuesto, los ingresos o el patrimonio estatal que representan.
Por eso, el porcentaje debe interpretarse junto con la naturaleza y la importancia financiera de las entidades que quedaron fuera.
La aprobación no convalida la gestión pública
Durante la sustentación, Arista precisó que aprobar la Cuenta General no significa respaldar la gestión de las autoridades ni validar sus decisiones administrativas.
El Congreso evalúa un documento que consolida las operaciones del sector público, pero la aprobación no exime a los funcionarios de eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El resultado abre una nueva etapa para el seguimiento parlamentario de las cuentas estatales.
La efectividad de las medidas dependerá de que las recomendaciones de la Contraloría se traduzcan en acciones verificables y de que el inventario de obras paralizadas permita identificar proyectos, responsabilidades y necesidades de financiamiento.