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El 70% de municipios no publicaron la lista de beneficiados con canastas

La Defensoría del Pueblo presenta reportes que evidencian la falta de transparencia en el proceso de reparto de víveres a la población más vulnerable.
Por Almendra Ruesta
2 minutos

Según la Defensoría del Pueblo, 7 de cada 10 municipalidades que recibieron el dinero para la adquisición y distribución de canastas de víveres no publicaron el padrón de beneficiarios.

Ydalid Rojas, jefa del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo declaró a RPP Noticias que solo el 33% de gobiernos locales publicó el padrón.

Otras cifras

Rojas señaló que luego de revisar los portales de información de las 1,874 municipalidades, los resultados fueron preocupantes.

Solo el 24% de municipios publicó los criterios para identificar a los beneficiarios, 17% difundió un canal para reportar irregularidades, mientras el 33% no publicó la lista de productos que contenían las canatas y otro 37% no difundió los precios unitarios de cada producto.

Amazonas, Loreto y Moquegua, registran los índices más bajos de apertura de información para promover la participación de la ciudadanía.

Además, el reporte de la Defensoría del Pueblo revela que en el 18% de municipalidades, el costo de las canastas superó lo establecido por la Presidencia del Consejo.

Falta de transparencia

Los lineamientos de la Presidencia del Consejo de Ministros, no establecieron la obligatoriedad de la transparencia e información y eso no ha facilitado que la ciudadanía tenga un rol activo de vigilancia.

Además, la Defensoría advirtió que los lineamientos no estaban enfocados a que los ciudadanos conozcan el detalle del proceso de repartición de canastas.

Sanciones

Existe responsabilidad en los municipios porque debieron ejecutar todo el presupuesto entregado por el Ejecutivo, ya sea en el ámbito penal o administrativo, señala Rojas.

Además, hay otro proceso que seguirá la Contraloría: Controles posteriores.

Ydalid Rojas comentó que en el marco legal se establecen sanciones si se confirma que las autoridades municipales incurrieron en el delito de peculado doloso.

La pena va de 4 a 8 años además de la inhabilitación perpetua para ejercer el cargo público.  Si el dinero está destinado a una medida asistencial, la sanción aumenta de 8 a 12 años.

Rojas aseveró que de haber este tipo de casos, deben investigarse con celeridad ya que el proceso demora en promedio 6 años a 8 años.