El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el reglamento que regula el uso de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, conocidos como drones o RPAS, y estableció nuevas obligaciones para las operaciones civiles en el país.
El decreto fue publicado el 29 de mayo de 2026 y forma parte del Decreto Supremo N° 012-2026-MTC.
La norma dispone que toda operación de drones con fines distintos al recreativo o aerodeportivo deberá contar con licencia, registro y un seguro de responsabilidad civil.
El objetivo es garantizar la seguridad operacional del espacio aéreo y proteger a las personas y bienes en la superficie terrestre y acuática.
Qué drones quedan fuera de la exigencia
El reglamento excluye solo a los drones del Estado usados en servicios militares, policiales o aduaneros, así como a los equipos recreativos o aerodeportivos con una masa máxima de despegue inferior a 2 kg. Todo uso civil con fines comerciales o no lucrativos queda bajo las nuevas reglas.
Registro obligatorio y licencia de piloto remoto
Los propietarios de RPA y RPAS deberán inscribir sus equipos en el Registro de Aeronaves Pilotadas a Distancia dentro de los 30 días hábiles posteriores a su compra.
El registro será público, gratuito y se publicará de manera trimestral en la sede digital del MTC.
Una vez concluido el trámite, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) entregará una tarjeta de registro física o electrónica en un plazo máximo de 5 días hábiles.
Además, cualquier cambio en la información registrada deberá comunicarse dentro de los 15 días hábiles siguientes.
Para operar drones en actividades distintas al uso recreativo, el piloto remoto deberá contar con una licencia emitida por la DGAC.
En la categoría abierta, el procedimiento es de aprobación automática, gratuito y de vigencia indeterminada, siempre que se cumplan los requisitos del reglamento y del TUPA del MTC.
Seguro y límites de operación
El decreto obliga a los explotadores de RPAS a contratar un seguro vigente de responsabilidad civil frente a terceros.
La cobertura mínima dependerá de la categoría del dron y de su masa máxima de despegue. En la categoría abierta, por ejemplo, la fórmula parte de 5 UIT más un componente variable por kilo de peso.
La norma también prohíbe operar drones en zonas urbanas densas, bienes culturales, áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, reservas indígenas, zonas de no vuelo, zonas prohibidas y cercanías de aeródromos, salvo autorización expresa de la DGAC.
En caso de operaciones cercanas a aeródromos, el reglamento exige coordinación previa con el explotador del aeródromo o el proveedor de tránsito aéreo.
Además, los pilotos y explotadores deben portar la licencia, la tarjeta de registro, el seguro y el manual del fabricante durante cada vuelo.
Sanciones y periodo de adaptación
La DGAC será la entidad competente para regular, registrar, autorizar, fiscalizar y sancionar el uso de drones civiles. La Policía Nacional podrá intervenir e incautar equipos en casos de flagrancia por incumplimiento de la norma.
El reglamento otorga un plazo de 1 año para que los explotadores que aún no hayan registrado sus equipos presenten las solicitudes correspondientes ante la DGAC.
También establece que las licencias y acreditaciones otorgadas bajo la normativa anterior mantienen su validez según el plazo otorgado.
Además, el MTC deberá implementar sistemas informáticos para atender estos procedimientos administrativos en un plazo máximo de 1 año y actualizar la regulación de los centros de instrucción de aeronáutica civil en un máximo de 2 años.
Con esta reglamentación, el Gobierno busca ordenar un mercado que ya se usa en bodas, eventos, filmaciones, inspecciones técnicas y otras actividades, pero que ahora deberá ajustarse a un marco más estricto de seguridad, control y responsabilidad civil.