Combustibles. El Estado entre marzo y abril dictó medidas para reducir el impacto en el aumento del precio de los combustibles.
Una de ellas fue la incorporación de las gasolinas de 84 y 90 octanos, el gasohol de 84, GLP a granel y el Diesel 2 al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC). Además, también dictaminó la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del diesel y gasolinas de 84 y 90 octanos destinadas al uso vehicular.
Si bien es cierto que estas medidas han logrado moderar el incremento del precio de los combustibles, este efecto solo de dio de manera temporal, por lo que se fue diluyendo a través del tiempo.
De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE). el FEPC ha tenido un impacto más persistente, mientras que el efecto de la exoneración del ISC se revirtió en el transcurso de las semanas. Por ejemplo, el precio del gasohol de 90 octanos -afecto solo a a exoneraciones- al cierre de mayo ya superaba su precio previo a las medidas.
Según el IPE, mantener las medidas mencionadas le ha costado al Estado alrededor de S/ 2 mil millones entre enero y mayo, monto similar al presupuesto 2022 correspondiente al programa social Juntos y Pensión 65, de manera conjunta.
Ante la incertidumbre en el mercado mundial, las medidas podrían carecer de efectividad y ser más costosas. Por ejemplo, el precio del petróleo cerró en niveles máximos en mayo luego de las nuevas sanciones impuestas sobre Rusia.
Por ello, el IPE propone que se lleven a cabo políticas enfocadas a reducir la pobreza de manera sostenible. Para ello, se debe alentar la inversión privada, pues será fundamental para la creación de empleos de calidad.
Finalmente cabe señalar que las medidas son temporales (hasta el 30 de junio), una expansión de las medidas requerirá un desembolso incluso mayor al que ya se ha realizado debido a que el precio de los combustibles a nivel mundial continuarían altos.