La Asociación de Consumidores del Gas en el Perú (ACG) instó al próximo Gobierno a convertir en una prioridad la seguridad y disponibilidad del sistema de transporte de gas natural de Camisea, al advertir que una nueva interrupción del servicio podría afectar sectores como la industria, el comercio, el transporte y la generación eléctrica.
En un comunicado difundido este 8 de julio, el gremio recordó que ya transcurrieron cuatro meses desde la deflagración ocurrida en el kilómetro 43 del ducto de Camisea, incidente que interrumpió el transporte de gas natural durante dos semanas y, según sostuvo, ocasionó pérdidas económicas de alcance nacional.
La asociación señaló que Osinergmin, mediante el Informe N° 427-2026-OS-DSGN/UIGN, identificó dos presuntos incumplimientos contractuales por parte de Transportadora de Gas del Perú (TGP) relacionados con la operación del sistema de transporte de gas.
De acuerdo con el comunicado, el organismo supervisor concluyó que la empresa no suministró el flujo suficiente para atender la demanda máxima diaria entre el 1 y el 13 de marzo de 2026 y que tampoco alcanzó la disponibilidad anual superior al 99% exigida en el contrato de concesión. La ACG precisa que Osinergmin calificó ambos hechos como incumplimientos contractuales no justificados por una causal de fuerza mayor.
Asimismo, el gremio indicó que la Contraloría General de la República, mediante el Informe N° 011-2026-MINEM/OCI-OO, observó que Osinergmin aún no se habría pronunciado respecto al cumplimiento de la cláusula vinculada a la capacidad mínima del sistema de transporte establecida en el contrato de concesión.
Piden reforzar la infraestructura del sistema
Frente a este escenario, la Asociación de Consumidores del Gas en el Perú sostuvo que el nuevo Gobierno debería exigir a TGP la ejecución de las inversiones necesarias para fortalecer la confiabilidad del sistema de transporte.
Según el pronunciamiento, estas inversiones deberían orientarse a incrementar la capacidad de respaldo, la redundancia operativa y los procedimientos de mantenimiento, con el objetivo de garantizar la disponibilidad mínima establecida en el contrato de concesión y reducir el riesgo de futuras interrupciones del suministro de gas natural.
El gremio advirtió que mantener un sistema sin los niveles de disponibilidad requeridos representa un riesgo para la economía peruana y para las actividades productivas que dependen del abastecimiento continuo de gas natural. También expresó su preocupación porque, a cuatro meses del incidente, considera que aún no se han adoptado medidas suficientes para corregir los problemas detectados.