El Indecopi aplicó derechos antidumping a los inodoros de una pieza (one piece) importados de China, pero la medida no cierra el mercado.
Los productos seguirán ingresando al Perú; lo que cambia es que ya no podrán venderse por debajo de su costo real.
Así lo explicó el Grupo Vainsa, uno de los dos fabricantes nacionales de este producto.
Los derechos estarán vigentes por cinco años y son de US$5.7, US$14.3 y US$12.7 por unidad para las tres empresas chinas investigadas.
Las demás pagarán un derecho residual.
No es una prohibición ni un arancel general, sino un cobro adicional que solo alcanza a productos con dumping comprobado, según las reglas de la OMC.
Los inodoros de otros orígenes seguirán ingresando en sus condiciones habituales.
Para el comprador, esto significa las mismas opciones, pero con precios que reflejan costos reales.
Importaciones al alza y precios bajo el costo
La investigación mostró la magnitud del problema. Solo en 2024, las importaciones de inodoros chinos subieron 75.9%.
Llegaron con precios cerca de 40% menores que los nacionales e incluso por debajo de su costo de fabricación.
En ese periodo, las ventas internas cayeron 17.6% y la industria local perdió 12.6 puntos de participación de mercado.
Leandro Mariátegui, gerente general de Vainsa, sostuvo que el antidumping no excluye a nadie y solo busca que todos compitan con las mismas reglas.
Según explicó, el dumping (vender a precios artificialmente bajos) es un beneficio temporal para el consumidor, que dura hasta que cierra la industria nacional.
Después, advirtió, los precios suben y el cliente queda a merced de los proveedores extranjeros.
Un respiro para las fábricas, no una solución definitiva
Para la empresa, la medida alivia la situación, pero no la resuelve.
Para sostener sus plantas y su personal, Vainsa y Corporación Cerámica operaron con márgenes mínimos o negativos, que compensaron con otras líneas de negocio.
Aun así, el sector perdió unos 200 empleos.
Con los derechos vigentes, el escenario más probable es una recuperación gradual de ventas y márgenes.
Eso permitiría retomar inversiones en tecnología y capacitación.
Sin embargo, los derechos no corrigen todas las distorsiones: la industria local asume costos laborales, de seguridad, ambientales y regulatorios que sus competidores no enfrentan en igual medida.
El pedido al Gobierno va más allá de China
Vainsa advierte que el riesgo no se limita a un país, pues productos de otros mercados pueden llegar en condiciones similares y repetir el daño.
Por eso pide una política industrial de largo plazo, que hoy no existe.
Esta debería vigilar las importaciones de cualquier origen, actuar a tiempo ante nuevas prácticas desleales y reducir los sobrecostos regulatorios.
Corea del Sur, Tailandia, Brasil y Colombia, señaló, muestran que una industria fuerte se construye con reglas claras.
La empresa plantea que el Ministerio de la Producción, el Indecopi y el Congreso evalúen instalar una mesa de trabajo con la industria nacional.
El objetivo sería definir esa agenda antes de que el daño llegue a otros sectores, pues la cadena sanitaria empieza en las canteras de la sierra norte y central y termina en obras de todo el país.
Según Mariátegui, la industria de cerámicos no rechaza a nuevos competidores, siempre que haya igualdad de condiciones.