La jueza del principado de Andorra, Stephanie García, ordenó el pasado marzo mantener congeladas 30 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y una en el Credit Andorrà con un saldo total de 52,2 millones de euros (51 de dólares), dinero que forma parte de la trama de corrupción que la empresa Odebrecht esparció por varios gobiernos de América Latina.
Los fondos pertenecen a exdirigentes, empleados públicos y testaferros que cobraron de la compañía brasileña a cambio de la adjudicación de obra pública, según el diario español El País.
Una parte de ese dinero, 2,9 millones de dólares en depósitos y cuentas opacas, tiene vinculación con empresarios, altos funcionarios y presuntos testaferros que ejercieron durante el segundo mandato del expresidente Alan García (2006-2011), según el medio español.
El saldo retenido (52 millones) representa una cuarta parte de los 200 millones que la constructora brasileña desembolsó en Andorra -un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario- para comprar las voluntades de 145 políticos y altos funcionarios de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina.
La justicia andorrana ha trabado ocho cuentas con un saldo total de 34 millones de euros (33,5 de dólares) conectadas con exdirigentes y testaferros próximos al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).