El congresista de la bancada de Perú Libre, Waldemar José Cerrón Rojas, ingresó una nueva iniciativa legislativa, que busca modificar el proceso de admisión a las universidades nacionales. Esta incluye la implementación de un ciclo «cero» como reemplazo del examen de admisión.
¿De qué trata la iniciativa?
Este proyecto de ley 7726 procura facilitar el acceso a la educación superior a los egresados de secundaria, con el fin de promover el desarrollo académico y profesional de la juventud del país.
El proyecto amparado por el artículo 107° de la Constitución Político Política del Estado, estipula que el ciclo cero sería una preparación académica de 4 meses, en la cual los aspirantes a la universidades tendrán que cursar asignaturas fundamentales que deberán ser pasadas con un mínimo de trece (13). De esta manera podrán ser admitidos en casa de estudio de su elección.
¿Cuál es el procedimiento?
Respecto al procedimiento, los estudiantes deberán certificar la finalización de sus estudios secundarios, además de cubrir un pago equivalente al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Por otro lado, las universidades dictarán el curso cero dentro de su centros preuniversitarios; impartiendo asignaturas que van desde Metodología de la Investigación Universitaria hasta Geopolítica y Realidad Nacional.
Asimismo, el apartado final del proyecto señala la eliminación de otro método de ingreso a las universidades, que no sea mediante el ciclo cero.
Creación de centros preuniversitarios gratuitos
Waldemar Cerrón presentó una iniciativa legislativa con el proyecto de ley 7265-2023-CR, que tiene como enfoque eliminar los costos asociados a la matrícula en todas las universidades del país, además de establecer la gratuidad en los centros preuniversitarios.
Esta iniciativa se presenta con el fin de democratizar el acceso a la educación superior en el país, debido a que existe un brecha significativa en las condiciones económicas de los estudiantes.
Por ello, el proyecto estipula que todos los CEPRE, tanto privados como públicos deberían operar bajo principios de responsabilidad social. Por lo tanto, sólo se limitarían los cobros de las universidades privadas, específicamente según sus cátedras.
Es importante resaltar que este enfoque está dentro de las directrices de calidad exigidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).