La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) implementó una nueva normativa para regular a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Perú, relacionada al mercado de las criptomonedas.
Esta medida busca prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, promoviendo una mayor formalización y transparencia en este mercado.
Alcance de la nueva norma
La regulación abarca a todas las empresas que operan con criptomonedas, incluyendo las que facilitan la inversión en activos como bitcoin o ethereum, servicios de billeteras digitales, transferencias y remesas con activos virtuales.
Según la SBS, cerca de un millón de peruanos ya invierte en criptoactivos, lo que resalta la importancia de esta medida en el contexto económico actual.
Es importante resaltar que las empresas tienen un plazo de cuatro meses para adaptarse a la nueva regulación. Durante este tiempo, deben implementar políticas y procedimientos que cumplan con los estándares de la SBS, enfocándose en la identificación y verificación de sus clientes y beneficiarios finales para evitar el lavado de dinero.
Además, las empresas que no cumplan con estas exigencias enfrentarán severas sanciones, como multas, la revocación de la licencia de funcionamiento, el retiro de su sitio web y la prohibición de descargar sus aplicaciones.
Supervisión y prevención
Por otro lado, la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), supervisará a las empresas de criptomonedas para asegurar el cumplimiento de las normativas.
Además, esta supervisión incluye la obligación de desarrollar un enfoque basado en riesgos, implementar diligencia debida en el conocimiento de los clientes y verificar la identidad de los beneficiarios finales.
El PSAV debe identificar al cliente al iniciar relaciones comerciales y mantener un proceso continuo de monitoreo. Esto incluye etapas de identificación, verificación y monitoreo, asegurando que las transacciones sean transparentes y rastreables.
Impacto en el mercado de criptomonedas
La normativa también establece que las empresas de criptomonedas deben nombrar un representante encargado de informar a la SBS sobre la actividad de sus clientes y el origen del dinero utilizado para comprar criptomonedas.
Esta medida busca prevenir que fondos provenientes de actividades ilícitas ingresen al mercado formal a través del uso de monedas virtuales.
Asimismo, se estima que alrededor de 1,2 millones de peruanos poseen criptomonedas. Esta cifra destaca la necesidad de una regulación estricta para proteger a los inversores y garantizar que el mercado opere de manera justa y transparente.
Beneficios económicos
Por su parte, el ministro de Economía, José Arista, anunció que la nueva normativa permitirá una recaudación anual de aproximadamente 800 millones de soles.
El pago del IGV se realizará a través del sistema bancario en cada transacción que involucre a estas empresas, formalizando el proceso y asegurando que las plataformas de criptomonedas contribuyan fiscalmente al país.
La SBS estableció un plazo de dos meses para que la Sunat y el sistema bancario realicen las adaptaciones necesarias en sus sistemas para gravar adecuadamente estos servicios.
Durante este período, se realizarán las modificaciones necesarias para asegurar que la nueva normativa se implemente de manera efectiva.