La Contraloría General de la República observó el contrato de inversión que permitió al megapuerto de Chancay acceder al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERA), beneficio mediante el cual recibió devoluciones tributarias por S/527.8 millones durante su etapa de construcción.
El organismo recomendó iniciar acciones civiles y evaluar posibles responsabilidades derivadas de los hallazgos identificados.
Las observaciones forman parte de una auditoría de cumplimiento realizada a actuaciones de ProInversión, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entre 2007 y 2025.
El informe también detectó cuestionamientos relacionados con autorizaciones portuarias, modificaciones en el trazado del túnel de acceso y la supervisión ambiental del terminal administrado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú.
De acuerdo con la auditoría, ProInversión validó y suscribió en 2016 un contrato de inversión por US$447 millones pese a que los representantes de la empresa no habrían acreditado el poder legal requerido para firmarlo.
Posteriormente se suscribieron cinco adendas y el monto asociado al contrato ascendió a US$789.6 millones, base sobre la cual se aprobaron las devoluciones del IGV.
La Contraloría sostiene que el proyecto accedió y permaneció dentro del régimen tributario “sin que se haya acreditado el cumplimiento integral de los requisitos legales exigidos”. Por ello, recomendó que la Procuraduría Pública correspondiente evalúe el inicio de acciones civiles para determinar eventuales responsabilidades.
Observaciones sobre permisos y obras
Otro de los hallazgos está relacionado con los permisos otorgados durante la construcción y puesta en operación del terminal portuario.
Según el informe, el expediente técnico aprobado en 2021 incorporó un trazado del túnel diferente al validado previamente y que no coincidía plenamente con el instrumento ambiental vigente. Asimismo, la Contraloría indicó que el expediente no desarrolló técnicamente el sistema de geotubos previsto como medida de protección costera.
El órgano de control concluyó que estas situaciones permitieron la ejecución de obras y la posterior operación del puerto sin contar con todos los requisitos legales exigidos. Por estos hechos, recomendó que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción evalúe el inicio de acciones penales.
Cuestionamientos a la supervisión ambiental
La auditoría también revisó los procesos de supervisión ambiental efectuados entre 2023 y 2025. Según la Contraloría, no se evaluó integralmente información relacionada con el túnel de acceso, la suspensión del trasvase de arena y el cumplimiento de compromisos vinculados al sistema de geotubos.
Además, el informe señala deficiencias en los mecanismos de control documental de las entidades involucradas, incluyendo la ausencia de manuales específicos para evaluar solicitudes vinculadas al régimen de recuperación anticipada del IGV y limitaciones en la trazabilidad de información técnica y ambiental.
Las observaciones se conocen cuando el megapuerto de Chancay acaba de cumplir su primer año de operaciones.
Según datos difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, las actividades del terminal permitieron recaudar más de S/1,037 millones durante 2025, consolidándolo como uno de los principales nodos logísticos del comercio exterior peruano.