Hernando Graña Acuña, exdirectivo de la empresa Graña y Montero, recibió una sentencia que le prohíbe volver a contratar con el Estado peruano y le obliga a pagarle cerca de S/ 17.7 millones por daños causados al país en delitos que admitió haber cometido.
El pago deberá hacerse en un máximo de 120 días luego de emitida la sentencia. Añadido a eso, el Poder Judicial aprobó, en diciembre de 2022, un acuerdo de colaboración eficaz entre el empresario y el Estado, según informó la Procuraduría General del Estado.
John Pillaca, juez del caso, aceptó el convenio al que al que arribaron la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato y el Equipo Especial del Ministerio Público, el pasado 12 de diciembre de 2022.
¿En qué consiste el acuerdo de colaboración con el Estado?
El empresario de 71 años reconoció públicamente el haber cometido graves delitos de corrupción; por ende, deberá colaborar con la justicia al entregar valiosa información en seis carpetas fiscales.
El caso «Club de la Construcción» y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Linea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur tramos 2 y 3, son algunos de los temas en los que colaborará.
El pago que realizará Graña Acuña será adicional a los S/ 39.9 millones que pagará José Graña Miró Quesada por su acuerdo de colaboración eficaz aprobado recientemente, así como adicional a los S/ 500 millones que pagará la compañía Aenza (antes Graña y Montero), cuyo acuerdo fue presentado al Poder Judicial en setiembre de 2022 y está pendiente de aprobación.
“Esta colaboración eficaz es muy importante porque, además de complementar lo dicho por el señor José Graña, fortalece la tesis fiscal en varios casos, cuyos juicios orales ya han empezado o se iniciarán pronto”, señaló la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola.
En total, teniendo en cuenta el pago de Graña Acuña, el de Graña Miró Quesada y el de la compañía Aenza, el Estado quedaría pendiente de recibir un aproximado de S/ 557.6 millones. Esto representará un cobro importante a favor del Estado en materia de reparaciones civiles de personas naturales por delitos de corrupción.