En función a las cifras oficiales, sumando la ejecución de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), desde el 2017 al 2019, suman 1,564.3 millones de soles en el proceso de reconstrucción de Piura.
Así lo dio a conocer el decano del Colegio de Economistas, Humberto Correa Cánova, quien indicó que este avance representa el 20.7% del total asignado a la región, que asciende a S/7,540.9 millones.
Correa manifestó que estas ineficiencias están en los diferentes niveles políticos, así como en los hechos de corrupción que motivan la paralización de las obras y afecta el crecimiento económico.
Asimismo, sostuvo que este retraso en la ejecución de los trabajos de reconstrucción se presenta porque no hay proyectos para licitar, los expedientes están mal elaborados.
“En otras palabras, se cuenta con el dinero, pero no hay las capacidades técnicas para ejecutar las actividades”, remarcó.
Además el representante de los economistas lamentó que no haya capacidad para hacer gestión pública estratégica, conllevando al retraso el proceso de reconstrucción en la región Piura.
Correa Cánova explicó que de un total de S/2,282 millones asignados para el 2019, solo se usaron S/912 millones, de los cuales 242 millones fueron del Gobierno Nacional, 848 millones de los municipios y 185 millones del gobierno regional.
Según el portal La República, en el 2019 el proceso de reconstrucción en la provincia de Talara avanzó solo el 1.1%, ya que se ejecutó S/1’101,720 de un monto total de S/102’509,821.
Le sigue la provincia de Paita con un avance de 18.6%, ejecutando S/48’939,197 de un total de S/262’997,846;y Ayabaca con un avance de 28.8%, habiéndose ejecutado la suma de S/106’233,136 de un total de S/368’567,410.
Según la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), a la región Piura se le han transferido recursos para 1,795 obras (72.9%), con lo cual se encuentran pendientes por financiar 667 (27.1%).
Refiere que Piura ha recibido más de S/3,561 millones, por lo tanto, de ese monto S/1,329 millones (39.1%) han sido transferidos al Gobierno Nacional y S/2,169 millones (60.9%) a los municipios y gobierno regional.
