El presidente electo, Pedro Castillo, anunció que en un eventual gobierno suyo se descentralizará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para redistribuir los recursos en favor de las poblaciones más alejadas del país.
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El líder de izquierda criticó la ejecución de gasto en el interior del país y señaló la necesidad de crear una dirección general de economía en cada departamento. Pero, ¿qué significa esto?
Conforme con su plan de gobierno, con esta descentralización que plantean se eliminarían órganos ministeriales paralelos a las funciones de los gobiernos regionales, la descentralización fiscal y tributaria, y un marco autónomo para licitaciones sin dependencia central del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
Para la politóloga, Teresa Santillán, para que todas estas medidas se den tiene que haber un cambio de todo el sistema. Es decir, que nuestras regiones ya no respondan a Lima, sino que cada región independientemente administre sus ingresos y proyectos.
Al respecto, el economista Bruno Bellido señaló en diálogo con RPP Noticias que la descentralización del MEF ya existe e inició en el 2011 con un centro que se encarga de capacitar a los gobiernos regionales y locales en el uso del presupuesto que se les otorga cada año.
«La descentralización del MEF se dio hace 10 años atrás en el 2011 con una organización que se llama el Conectamef, que es el Centro de Servicios de Atención al Usuario que brinda los servicios de mesa de partes, atención de consultas, capacitación, asistencia técnica y funcional a gobiernos regionales y locales, así como organismos públicos. Hay 27 centros de servicios ubicados estratégicamente en la costa, sierra y selva», sostuvo.
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Además refirió que las regiones cuentan con presupuestos, pero para recibir el dinero del MEF deben plantear inversiones que generen beneficios a la población y que sean viables «y no gastos innecesarios ya que se genera un problema de ineficiencia, de malos manejos y corrupción».
El economista recordó que solo en el 2020 los malos manejos y la corrupción generaron pérdidas de S/ 22,000 millones al Estado, especialmente del presupuesto de los gobiernos regionales y locales.