El cuestionamiento de Juan Pari, representante del equipo de Perú Libre, sobre la importación de la papa al país dejó a todos sorprendidos.
«¿No nos da tristeza que tengamos que importar papa, mientras nuestros productores tienen que vender su papa a precios bajísimos?», interrogó Pari.
Y es que se conoce que el Perú es el primer productor del tubérculo en Latinoamérica con 5.45 millones de toneladas en el 2020.
Sin embargo, existen otros factores que explican la situación que enfrentan los agricultores. Asimismo, los bajos precios no se deben, precisamente, a la importación del tubérculo.
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Según Miguel Quevedo, coordinador de la Cadena de Papa del Ministerio de Desarrollo Agrario, al país se importan papas prefritas y congeladas, destinadas a negocios como las pollerías y fast foods.
En el 2020, por ejemplo, se trajeron aproximadamente 20 mil toneladas. No obstante, esto representa apenas 0.35% de la producción nacional de papa fresca.
“Más que preocuparse por que se reduzca la importación o se apliquen aranceles, la pregunta es qué hacemos para desarrollar la agroindustria de papa acá en el Perú”, observó Quevedo al Diario Comercio.
Oportunidad
El especialista subrayó que una oportunidad es apostar por la industrialización del tubérculo. Para ello, mencionó que se podrían identificar aquellas regiones en donde existen más ventajas comparativas.
Por su lado, Celfia Obregón, directora ejecutiva del CITE Papa y Cultivos Andinos, coincidió en que se requiere promover la industrialización del tubérculo con miras a competir.
“Lo que debemos hacer es validar variedades en costa y sierra que se puedan promover y trabajar para esta industria”, reflexionó Obregón.
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Capacidad de producción
Además de dotar de mayores capacidades técnicas a la producción, otro punto por esclarecer es la situación de precios bajos que enfrentan los productores de papa.
Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios Globales de ADEX, señaló que la escasa asociatividad entre agricultores se complementa con problemas relacionados a la falta de infraestructura.
Así como con prácticas que no permiten que el agricultor mejore su productividad.
“Al no tener capacidad de asociarse y, por ende, ganar capacidad de negociación, se ven enfrentados con acopiadores mayoristas que imponen precios, muchas veces de manera abusiva”, resaltó Vásquez.
También destacó que se requiere otorgar data, por ejemplo, sobre las intenciones de siembra de los productos.
“Si esa información podría entregarse a tiempo al productor, podríamos determinar si hay riesgos de sobreproducción y el agricultor podría tomar la decisión de continuar con el cultivo o cambiarlo”, anotó el especialista.
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