El Congreso demora la aprobación de la Ley de Presupuesto 2023. El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Arriola Tueros, ha solicitado ampliar hasta el 30 de noviembre el plazo para el debate del dictamen que contenga el presupuesto del año fiscal 2023.
La solicitud fue realizada ante el presidente del Congreso, José Williams Zapata, debido a que está programado que el debate culmine el 27 de noviembre.
Durante la octava sesión ordinaria de este grupo parlamentario, diversos congresistas sustentaron proyectos de ley para incluir algunas iniciativas en el presupuesto nacional del próximo año.
Noelia Herrera sustentó el PL 1556/2021-CR, que plantea modificar el artículo 3 de la Ley de Presupuesto 2023 para designar un psicólogo en cada colegio y promover la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.
Herrera Medina también expuso el PL 2932/2021-CR, que declara de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación de la Universidad Nacional de Marañón en Huánuco.
Ley de Presupuesto 2023: Más pedidos de los congresistas
El congresista Eduardo Salhuana, sustentó el PL 3441/2022-CR, que autoriza una nueva escala remunerativa para personal calificado del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), cuyo objetivo es contener los altos índices de renuncias que existen entre los profesionales de dicha entidad debido a la baja competitividad de la escala salarial.
La congresista y ministra de Salud, Kelly Portalatino, solicitó incluir la designación de programas presupuestales en materia de salud por S/ 101 millones, que financiarán acciones de prevención contra la tuberculosis, VIH, dengue, malaria, rabia canina, afectaciones a la salud mental, entre otros.
En tanto, la congresista María Agüero presentó el PL 1901/2021-CR, que plantea extender el derecho a percibir gratificaciones en fiestas patrias y Navidad a los servidores públicos.
Por último, la congresista Francis Paredes sustentó el PL 02722/2022-CR para autorizar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada a favor de los trabajadores nombrados y contratados, activos, cesantes y pensionistas de los gobiernos regionales y universidades públicas de manera excepcional y complementaria.