Opinión

Lección inmobiliaria de la sentencia del TC con respecto a la restitución del Fundo Victoria

La Sentencia N° 724/2021, emitida por el Tribunal Constitucional declara nulo un Decreto Supremo que expropió los terrenos de Petra Victoria Sarango realizada en el gobierno del general Velasco, hace 45 años y restituye la propiedad de 381 has., ubicadas en el fundo Victoria en el sector Los Ejidos del norte en Piura.
Por Armando Rivera
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Hace pocos meses, causo mucho impacto en el ambiente jurídico, la Sentencia N° 724/2021, emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en relación al Expediente N° 03583-2016-PA/TC, promovida por la señora Petra Victoria Sarango mediante una acción de amparo interpuesta ante un juzgado civil en Piura.

Dicha sentencia, entre otros argumentos, resuelve que la propiedad privada está protegida contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo que, bajo ningún mecanismo legal, puede apropiarse de bienes de dominio privado si es que no media una ley expresa por parte del Congreso de la República que declare la expropiación o confiscación.

Además, el TC señala que esta norma debería recoger los motivos de seguridad nacional o de necesidad pública y que se pague la indemnización justipreciada de los bienes expropiados.

En resumen, dicha sentencia declara nulo un Decreto Supremo que expropia los terrenos de la señora Sarango realizada en el gobierno del general Velasco, hace 45 años y restituye la propiedad de 381 hectáreas, ubicadas en el fundo Victoria en el sector Los Ejidos del norte en Piura.

Ahora, en dichos terrenos que conforman las 381 hectáreas, se han levantado edificaciones, viviendas, lotizaciones informales, centros industriales, la gran mayoría de ellos de numerosos posesionarios precarios que a partir de la expedición de esta sentencia se encuentran en problemas legales.

Si se hubiese realizado un correcto estudio de títulos donde se concluya que este gran inmueble se encontraba judicializado, les hubiese evitado las contingencias actuales que hoy en día enfrentan.

En mi mediana experiencia brindando asesoría en el derecho inmobiliario, he podido concluir que el piurano es un comprador bastante negligente al momento de adquirir inmuebles.

La gran mayoría presta muy poca importancia en la asesoría legal preventiva que se debería realizar antes de la compra.

Es decir, contar con un adecuado estudio de títulos que permita evaluar los antecedentes registrales del inmueble y, con ello, sopesar las contingencias legales que pudiera tenerse en un futuro.

Para un gran segmento de dichos compradores, su evaluación simplemente se limita a verificar la partida registral del inmueble bastando con ese simple detalle para considerar que están haciendo una buena compra.

Desafortunadamente, así como este, existen numerosos casos en Piura, por lo que, recomendamos a los inversionistas tener mayor cautela al momento de adquirir un inmueble y, sobre todo, a prestar la importancia debida a un correcto estudio de títulos.