Carla tiene 28 años y una idea de negocio: una tienda online de productos ecológicos. Sin embargo, para hacer realidad su sueño, tiene que enfrentarse a un enemigo: la burocracia. Para registrar su empresa, necesita cumplir con una serie de trámites y requisitos que le pueden tomar hasta 26 días y costarle más de S/1,000.
La burocracia en Perú es como un laberinto sin salida para muchos emprendedores que quieren iniciar o formalizar sus negocios. No solo tienen que sortear obstáculos administrativos, sino también enfrentar situaciones irregulares o arbitrarias que pueden poner en riesgo su inversión.
Según el Banco Mundial, el Perú ocupa el puesto 133 de 190 países en el indicador “Apertura de un negocio”. Esta situación no solo desalienta a los emprendedores que buscan oportunidades de desarrollo, sino que también limita la competencia en el mercado y favorece la informalidad.
Creación de empresas e informalidad
Según la Cámara de Comercio de Lima, en el 2020 se crearon 223,000 empresas menos que en el 2019, lo que representa una caída del 28%. Además, según Transparency International, el Perú es el cuarto país más corrupto de América Latina, con un índice de percepción de la corrupción de 38 sobre 100. Esto solo beneficia a las empresas ya establecidas con capacidad para sobrellevar los costos y a funcionarios que pueden beneficiarse de la corrupción para agilizar procesos.
Por otro lado, la informalidad alcanza el 73.2% de la población ocupada, es decir, 3 de cada 4 empleos son informales, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esto implica que millones de trabajadores no tienen acceso a derechos laborales ni protección frente a riesgos económicos. Además, implica una pérdida de ingresos fiscales para el Estado.
Asimismo, los sectores más afectados por la burocracia en Perú son los relacionados con las actividades económicas más dinámicas y generadoras de empleo, como el comercio, los servicios, la industria y la construcción. Según datos del INEI y la OIT, estos sectores concentran el 87% del empleo informal en el país.
Ante este panorama, ¿qué se puede hacer para reducir la burocracia y fomentar el emprendimiento? Según el expresidente del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), Javier Dávila Quevedo, para resolver este problema se necesita una reforma integral del Estado que simplifique los procedimientos, elimine las barreras legales y normativas, y mejore la calidad regulatoria.
Estas medidas requieren voluntad política, coordinación interinstitucional y participación ciudadana. Solo así se podrá superar este obstáculo y aprovechar el potencial creativo e innovador de los peruanos.
