El Instituto Peruano de Economía (IPE) informó que 9 de cada 10 economistas considera que la inversión privada y la generación de empleo formal deben ser la prioridad del próximo gobierno para acelerar la reducción de la pobreza en el país.
La conclusión forma parte de la quinta edición de la encuesta “Los principales economistas opinan”, elaborada por el IPE con la participación de 89 especialistas, en medio del escenario previo a la segunda vuelta electoral.
El estudio también revela un amplio pesimismo frente a las propuestas económicas de Juntos por el Perú.
Según la encuesta, 9 de cada 10 economistas considera desfavorables o muy desfavorables los posibles efectos de un eventual gobierno de Roberto Sánchez sobre la seguridad jurídica, la inversión privada, la confianza empresarial y la sostenibilidad fiscal.
Además, 8 de cada 10 especialistas prevé impactos negativos en temas como generación de empleo formal, independencia del Banco Central de Reserva (BCRP) y lucha contra las economías ilegales.
El IPE señala que esa percepción responde a propuestas como modificar el régimen económico de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente, revisar contratos internacionales, ampliar la participación empresarial del Estado y cambiar las reglas para la inversión extranjera.
En contraste, el porcentaje de economistas que considera negativas las políticas económicas de un eventual gobierno de Keiko Fujimori no supera el 20% en los aspectos evaluados.
Congreso y riesgo fiscal
La encuesta también identifica preocupación por el impacto fiscal de las decisiones del Congreso saliente. 9 de cada 10 economistas considera que el principal riesgo legislativo es la aprobación de normas que incrementen el gasto público o creen beneficios tributarios.
El IPE recordó que el Consejo Fiscal reportó que el actual Parlamento aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso entre 2021 y 2026, con un costo acumulado cercano a S/36,000 millones.
Incertidumbre electoral sigue liderando riesgos
La incertidumbre asociada al proceso electoral continúa siendo el principal riesgo para la economía peruana en el corto plazo. El indicador subió de 55% a 58% respecto a abril.
También aumentó la preocupación por la inseguridad ciudadana, que pasó de 36% a 40%, y por el deterioro de las finanzas públicas, que avanzó de 30% a 36%.