El tejido empresarial más importante del Perú se encuentra en una encrucijada. Los principales gremios de la micro y pequeña empresa (mype) del país lanzaron una dura advertencia sobre la «emergencia silenciosa» que asfixia al sector, el cual representa el 99% de las empresas nacionales y genera el 45% del empleo total.
Según los principales representantes de este sector, la combinación de criminalidad organizada, asfixia tributaria y la falta de políticas públicas claras amenaza con detener la economía nacional.
Por ello, solicitaron a los candidatos presidenciales Roberto Sánchez y Keiko Fujimori una mayor cercanía con las mypes y propuestas concretas para enfrentar la inseguridad, aliviar la carga tributaria y evitar el cierre de miles de negocios.
Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que aunque es difícil confiar en las promesas que se hacen durante una campaña electoral espera que quien asuma la presidencia los tome en cuenta y promueva medidas en favor de las mypes ya que, hasta el momento, no han escuchado propuestas concretas.
“No tengo ninguna garantía que me asegure que tal o cual gobierno realmente vaya a trabajar por nosotros pero confiamos en que las personas que asuman las riendas del país y quieren hacer que el país crezca identifiquen que las pymes son un factor importantísimo de desarrollo”, detalló Ojeda a «Infomercado».
A su vez, William Heredia, gerente general de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), precisó que el principal requerimiento para el próximo gobierno, sea cual sea el partido político que asume la presidencia, es la «predictibilidad» y el establecimiento de políticas públicas a largo plazo para el sector.
Por su parte, Daniel Hermoza, presidente de las Mypes Unidas del Perú (MUP), cuestionó una de las propuestas del candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en relación al incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1,500, calificándola de populista y de poner en riesgo la subsistencia de las pequeñas empresas si se lleva a cabo. Por ello, sugirió a Sánchez y a su contrincante Keiko Fujimori a centrar el debate en cómo elevar el crecimiento del PBI.
“Realmente hay muchos trabajadores que ganan mucho más de S/ 1500, pero (con esta propuesta) lo que se está advirtiendo, a los millones de micro y pequeños empresarios, es que se podría estar condenando a sus empresas a la quiebra”, refirió.
Solicitan aprobación de leyes de urgencia
Ante la masiva mortandad empresarial debido a la delincuencia, trabas tributarias y falta de políticas públicas claras que afectan a las mypes, el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que ser emprendedor en el país es «un acto de riesgo extremo” y reveló las cifras alarmantes que afectan a los microempresarios.
“Las pérdidas del sector debido a la delincuencia y la extorsión superan los S/6,000 millones anuales. En lo que va del año, ya se registran más de 16,000 denuncias por extorsión, lo que ha provocado el cierre definitivo de más de 1,000 bodegas, sumándose a las más de 2,200 que quebraron el año pasado. Si no actuamos con urgencia, 12 de cada 100 mypes podrían cerrar antes de fin de año», advirtió.
Por ello solicitó al Congreso de la República aprobar un paquete de, al menos, 12 proyectos de ley como el n.° 11366 que establece un marco legal con medidas de protección y apoyo para emprendedores, comerciantes y microempresas que son víctimas de extorsión por parte del crimen organizado o el n.° 00536 que modificaría el artículo 61 de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
El drama humano detrás de estas cifras lo dio a conocer Carla Campos, presidenta de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) quien recordó que el sector bodeguero aún arrastra deudas financieras de la pandemia y que la actual ola de inseguridad las obliga a trabajar bajo constante temor por ello solicitó de manera urgente que el Congreso vuelva a legislar sobre el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) —el cual golpea directamente sus márgenes de ganancia al subir año tras año— y pidió un marco de paz para trabajar.
Ante ello. Daniel Hermoza señaló que es necesaria la aprobación de estas iniciativas antes que culmine el periodo legislativo pues de no ser aprobadas irán al archivo y, tras el cambio de mandato, tendrían que volver a empezar todo el trámite por lo que instó al Parlamento a convocar de manera inmediata a un «Pleno Mype”.
Agregó que la aprobación de estas propuestas les permitirá tener un respaldo y mejorar la situación macroeconómica de las mypes que se ha visto afectada por las bajas empresariales.
“Entre el periodo 2016-2021, las bajas ante la Sunat promediaban las 120,000 anuales; sin embargo, entre 2021 y 2026 dicha cifra se duplicó, registrando su peor pico en 2023 con medio millón de empresas dadas de baja”.
Finalmente, el gerente de Aspan exigió al Legislativo el mismo nivel de productividad que las empresas demandan a sus colaboradores y remarcó la urgencia de aprobar el Proyecto de Ley 11366. «O están del lado de las mype o están del lado de la corrupción y el delito», emplazó.