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Fiscalía allana SBS y Sucamec por presunto favorecimiento a Hermes y Prosegur

El caso «Los Herméticos del Caudal» investiga a ocho personas por presunta negociación incompatible.

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Los Herméticos del Caudal SBS
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El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron este viernes 20 de noviembre 15 inmuebles, entre ellos dos edificios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y una sede de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). La Fiscalía investiga si funcionarios de ambas entidades favorecieron a Hermes y Prosegur, las dos empresas que dominan el transporte de dinero y valores en el país.

La investigación comprende a ocho personas, entre funcionarios, servidores públicos y representantes de empresas privadas, por presunta negociación incompatible en agravio del Estado. Un equipo de 24 fiscales participó en el operativo con la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP. La propia Fiscalía llamó al caso «Los Herméticos del Caudal».

Los inmuebles intervenidos incluyen cuatro locales de empresas y organizaciones del sector de transporte de valores y ocho domicilios de los investigados. Las imputaciones no han sido acreditadas judicialmente.

La SBS rechaza la medida

Joseph Campos, abogado de la SBS, dijo a Canal N que la institución está «completamente sorprendida» por una medida que consideró innecesaria y desproporcionada. Sostuvo que los funcionarios actuaron en ejercicio de sus competencias institucionales.

Campos señaló que dos días antes del operativo la Fiscalía de la Nación archivó una denuncia contra la SBS y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y dijo esperar que se trate de una coincidencia. Hasta el mediodía no se conocían pronunciamientos públicos de Hermes, Prosegur ni de la Asociación de Seguridad Privada del Perú (Asepri).

¿Qué sostiene la Fiscalía?

Según la resolución que autorizó el allanamiento, Hermes y Prosegur habrían creado la Asepri como una fachada gremial para acercarse a funcionarios de la SBS y de la Sucamec, con el fin de mantener la exclusividad del mercado. Dentro de la asociación habría operado un «comité de transporte de valores» que buscaba bloquear la entrada de nuevos competidores.

Ese comité se habría reunido en sedes de Hermes, de Prosegur y de la consultora 50+1, distintas del domicilio fiscal de la asociación. La Fiscalía le atribuye dos hechos: frenar un proyecto de ley sobre el Banco de la Nación y bloquear la autorización de un competidor, Security S.A.C.

El proyecto del Banco de la Nación

El Proyecto de Ley N.° 9476/2024-CR, presentado en noviembre de 2024, proponía permitir al Banco de la Nación trasladar efectivo con resguardo policial o militar en situaciones extraordinarias. La Fiscalía sostiene que la iniciativa amenazaba la exclusividad que Hermes y Prosegur mantienen desde hace más de 35 años.

Según la tesis fiscal, Asepri pidió el 6 de enero de 2025 una reunión urgente con la SBS. La funcionaria Giannina Garavito Martell habría coordinado los detalles con directivas de Prosegur y Hermes antes de que la asociación confirmara la lista de asistentes, según un correo en poder de la Fiscalía.

La reunión se hizo el 10 de enero en la SBS, con Garavito Martell, el funcionario Diego Zapater Peschiera y directivos de las empresas, entre ellos Eduardo Pío Dancourt Dávila y Alice Mirella Velásquez Castro. Según la imputación, Velásquez Castro habría pedido a los funcionarios una opinión desfavorable al proyecto.

Veinte días después, la SBS emitió un informe que declaró inviable la iniciativa por considerar que generaba «competencia desleal» hacia las empresas privadas. La Comisión de Economía del Congreso aprobó el proyecto, pero nunca llegó al Pleno.

La autorización denegada a Security S.A.C.

La Fiscalía señala como antecedente que en setiembre de 2024 Carlos Augusto Remy Ramis, entonces gerente de Servicios de Seguridad Privada de la Sucamec, recibió a una directiva de Hermes. Después de ese encuentro se ordenó una inspección inopinada a Security S.A.C. que no respondía a ningún plan regular de supervisión, según la tesis fiscal.

Entre julio y setiembre de 2025, el comité de Asepri habría discutido cómo impedir que Security S.A.C. obtuviera su autorización como empresa de transporte de caudales (ETCAN). En julio se habría planteado «levantar algo del tema penal» contra Sandro Espinoza Flores, fundador de la empresa, y en agosto uno de los asistentes habría dicho que la SBS y la Sucamec estaban «alineadas» con el duopolio.

Security S.A.C. presentó su solicitud a la SBS el 5 de febrero de 2026. Zapater Peschiera y Garavito Martell, de la Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas, formularon observaciones en oficios de febrero, marzo y abril.

La SBS denegó la autorización el 13 de julio de 2026 con la Resolución SBS N.° 01844-2026, al determinar que el beneficiario final de la empresa, Espinoza Flores, registra una condena por delito doloso. La Fiscalía precisa que ninguno de los oficios de observaciones mencionaba un vínculo entre Espinoza Flores y Security S.A.C.