La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 38 millones en Lima Metropolitana debido a presuntos actos de inconducta funcional y corrupción en las entidades municipales.
El trabajo de control abarca desde julio de 2022 e incluye a la Municipalidad de Lima, las empresas que conforman su corporación y las 42 municipalidades distritales. Según se pudo identificar, hay 570 funcionarios públicos involucrados en presuntos actos ilícitos.
En el caso de la Municipalidad de Lima, se detectó un perjuicio económico de S/ 11 millones y 126 funcionarios, directivos y servidores públicos con presunta responsabilidad penal (37), civil (81) y/o administrativa (77).
Principales hallazgos en Lima Metropolitana
Un comité de selección de la Municipalidad de Lima otorgó la buena pro de proyectos de semaforización a un postor cuya propuesta incumplió con los requisitos exigidos en las bases y se le benefició con contratos por S/ 119 millones, por la prestación principal y accesoria.
También se otorgó la buena pro para el mantenimiento de vehículos de seguridad ciudadana a dos postores que ocuparon el tercer lugar y ofertaron los precios más altos, y que no cumplieron los requisitos exigidos, situación que permitió la suscripción de contratos por S/ 15 millones.
De la misma manera, en la obra de mejoramiento de tránsito vehicular y peatonal en Cieneguilla no se cumplió con liberar los predios que interferían con el área del proyecto. Aun así, se autorizó la ejecución en varios sub tramos, sin espacio para veredas ni bermas, lo genera una permanente situación de riesgo en la vida de los usuarios y ocasionó un perjuicio económico por S/ 599,673.
Por otro lado, el SAT dejó de recaudar S/ 4.6 millones por descuentos irregulares en papeletas de tránsito «Muy Graves» (aprobados por ordenanza municipal), pese a que la normativa señala que no es aplicable a 21 tipos de dichas infracciones.
Municipalidades distritales
En el caso de las 42 municipalidades distritales, se detectó un perjuicio económico de S/ 27 millones y la identificación de 446 funcionarios, directivos y servidores públicos únicos con presunta responsabilidad penal (219), civil (154) y/o administrativa (313).