Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), el país experimentó un fuerte crecimiento económico con una tasa anual promedio del 6%. Como resultado, el PBI alcanzó los 75,000 millones de dólares, mientras que la inflación se mantuvo por debajo del 4% anual. Asimismo, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las reservas internacionales aumentaron de US$ 8,200 millones en 2001 a US$ 15,000 millones en 2005.
Por su parte, en el gobierno de Toledo las exportaciones ascendieron a US$ 14 mil millones en 2005, lo que resultó en un saldo favorable en la balanza comercial de ese año de US$ 2,712 millones, según datos del MEF. Los principales productos exportados durante el gobierno de Toledo fueron textiles, cobre, harina de pescado, pescado, zinc y oro.
No obstante, a pesar del crecimiento económico del 14% entre 2001 y 2004, la pobreza solo disminuyó un 2.7%, pasando de 54.3% a 51.6%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Así como la pobreza extrema, que disminuyó solo un 4.9%, de 24.1% en 2001 a 19.2 en 2005.
Producción de oro
En el mandato de Toledo, el precio del oro sobrepasó los US$ 500 la onza (24 gramos), después de haberse situado en US$ 250 en octubre de 2000, mientras el precio del cobre alcanzó US$ 2.64 la libra (460 gramos), lo que representó un incremento de 77% en el último año de gobierno. De esta manera Perú exportaba anualmente 2 millones de onzas de oro.
En el informe “Gold Survey 2006” de la compañía de investigación Gfms Limited de Gran Bretaña, informó que nuestro país se afianzó en el quinto puesto del escalafón mundial de países productores de oro, detrás de Sudáfrica, Australia, Estados Unidos y China.
¿Cómo fue el desarrollo de la población?
Privilegios tributarios
Una estimación de la SUNAT reveló que en 2002 el Gobierno dejó de recaudar unos US$ 300 millones por efectos de convenios de estabilidad tributaria, depreciación de activos y descuentos en impuestos a futuro.
Según el ente regulador, durante el período 2000-2003, el sector de hidrocarburos pagó un promedio de impuesto a la renta de tercera categoría de S/9.7 por cada S/100 de producción (medido por el PBI), mientras que la actividad minera pagó S/3.5 por cada S/100 de producción.
También en esta época las personas naturales pagaron más impuestos a la renta que las personas jurídicas.
La deuda interna se incrementaba
Durante el gobierno de Alejandro Toledo, el Perú envió al extranjero US$ 3,215 millones de utilidades de las empresas libres de impuestos y pagó US$ 3,400 millones en servicio de la deuda externa. Sin embargo, según el exministro de relaciones exteriores, Héctor Béjar, el país recibió solo US$ 908 millones en créditos, gran parte de los cuales estuvieron condicionados al sistema económico. Además, el país se endeudó internamente.
Según el Presupuesto del Sector Público, el déficit contable en 2006 fue del 1% del PBI, pero el déficit real, la diferencia entre lo recaudado (US$ 10,282 millones) y lo gastado (US$ 15,982 millones), alcanzó los US$ 6,000 millones, según un informe del MEF en 2006.
En 2005, la deuda pública alcanzó los US$ 31,000 millones, lo que representó el 39% del PBI (en 2000, la deuda totalizaba US$ 24,300 millones, lo que significa que aumentó un 27.6%, en US$ 6,700 millones, entre 2000 y 2005). Las amortizaciones del servicio de la deuda superaron los US$ 3,400 millones (26.7% del Presupuesto del Sector Público).
A pesar del crecimiento del gasto público, la inversión social no aumentó significativamente, según el exministro Héctor Béjar.
Presupuesto púbico indiferente
En ese mismo año, el 45% del presupuesto se destinó a gastos corrientes, 26% al pago de la deuda externa y 14% al Fondo de Pensiones que el Estado asumió como carga para permitir que las AFP dispongan de los ahorros de los futuros pensionistas sin pagar a los actuales. Solo 15% se asignó a educación, 7,9% a salud y saneamiento (gran parte de ambos rubros cubrió gastos corrientes y remuneraciones) y 13% a la inversión pública.
Béjar explicó que los denominados gastos sociales no siguieron el crecimiento de los gastos del sector público, manteniéndose prácticamente estacionarios entre 2001 y 2006. Lo mismo aconteció con los programas de alivio de la pobreza, que apenas llegaron a US$ 361 millones en un presupuesto de US$ 15 mil millones.