El presidente de la Asociación de Productores de Algodón de Piura, César Zapata Alzamora, afirmó que las medidas dispuestas por el presidente Martín Vizcarra han sido acertadas; sin embargo, considera que el agro es uno de los más olvidados dentro de los anuncios presidenciales sobre reactivación económica por el Covid-19.
¿El Minagri está garantizando la salud de los campesinos y el funcionamiento del sistema productivo agrario?
En el sector rural campesino, está faltando tomar las previsiones adecuadas; por ejemplo no existe un plan y un protocolo para conservar la inocuidad de los productos cosechados que van a los mercados o a las empresas transformadores.
Tampoco se está otorgando material y utensilios que sirva para su propia protección y menos para los productos. No existen en el campo zonas de desinfección y esterilización de los materiales a utilizar: sacos, jabas, mallas, cajas, etc. Tampoco se hace con los vehículos que deben transportar los productos.
Respecto de la salud de los productores, existen deficiencias acrecentadas por la emergencia. Muchos puestos de salud de anexos y caseríos, se han replegado, no están atendiendo. Los que atienden están bastante distanciados.
¿Cuáles son los problemas que ha generado el Covid-19 en el agro de Piura? ¿Tiene registro de pérdidas económicas?
El primer problema colateral es que se ha modificado sensiblemente las fechas de siembra. Afrontamos la inmovilización de insumos, de maquinaria agrícola y mano de obra.
Por otro lado, no queda claro que un campesino que se dirige a regar, a deshierbar o a sembrar está realizando o no una labor necesaria, básica y sustancial.
Las cosechas también se afectaron pues las familias de pequeños productores no contaban con materiales adecuados y transporte seguro, y la falta de autorización de circulación para los vehículos de carga.
Además de las pérdidas para el productor y el mayor desabastecimiento de los mercados, existen plantas transformadoras y acopiadores intermediarios que están aprovechando para hacer su gran negocio: pagan barato o al trueque en el campo y suben los precios en los mercados de las ciudades.
¿Y en lo que respecta al algodón piurano?
Otro problema colateral son las limitaciones para vender productos no perecibles.
Por ejemplo, tenemos fibra de algodón en plantas y almacenes privados que, debido a la inmovilización social, dejaron de atender. No se puede preparar los lotes para despacho nacional o internacional, no se pueden extraer ni transportar. El comercio de los no perecibles está detenido también y ojalá los productos no se afecten con el tiempo.
En el caso específico de las siembras de algodón Pima peruano, el cronograma de siembras era del 15 de marzo al 30 de abril, es decir, en plena vigencia de la emergencia sanitaria y la inmovilización social. Esto ha impedido las siembras de algodón. Calculamos que el área sembrada caerá hasta un 80% en la presente campaña.
¿Qué medidas inmediatas solicitaría al Poder Ejecutivo para el agro y el algodón? Incluso pensando en el mediano plazo…
Las medidas dictadas por el presidente Martín Vizcarra son acertadas pero hay que seguir mejorando, modificando, actualizando.
A las empresas privadas se les ha asignado un Fondo de Reactivación de 30 mil millones de soles y eso está bien. Sin embargo, a los pequeños agricolas que somos más de dos millones de familias a nivel nacional y proveemos el 80% de productos para la canasta alimenticia, no se nos toma en cuenta.
Algunos sectores proponen un bono agrario pero, ¿será suficiente? ¿Mil soles por hectárea alcanza para sostener a la familia y atender el cultivo? No alcanza. Allí hay un grave error de apreciación. El bono es bueno, pero es solo paliativo y transitorio. ¿Y el resto del año?
¿Qué proponen como gremio agrario?
Proponemos un Programa de Financiación para el Salvataje y Reactivación de la Pequeña Producción Agropecuaria del Perú por no menos de 5 mil millones de soles revolventes y con vigencia para tres años.
¿Qué condiciones proponen para acceder a este fondo?
Una tasa preferencial de 3%, con calificación extraordinaria, sin las normas excluyentes de la SBS, operado por el fondo AGROPERÚ, con el soporte tecnológico, financiero y crediticio del AGROBANCO, pagadero después de las cosechas y para lo cual los padrones a utilizar sean canalizados vía Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes, Cooperativas Agrarias, Comunidades Campesinas, Comités de Productores, etc. de aplicación y alcance nacional.
¿Este dinero alcanzará para la atención en el corto y mediano plazo?
Hay que tomar en cuenta que la pandemia está cambiando la configuración productiva y de los mercados en todo el mundo. En seis o 12 meses, la escasez de alimentos va a ser notoria. Por ello, desde ahora reactivemos nuestra pequeña producción agropecuaria y aseguremos el abastecimiento con productos sanos y sostenibles.
¿Qué leyes a favor del agro debería priorizar el nuevo Congreso?
El Congreso de la República debe trabajar la elaboración de TUC – Textos Únicos Concordados – en materia de compra de alimentos por parte del Estado a la pequeña agricultura familiar, también en materia de asociatividad y cooperativismo solidario.
En Colombia y Uruguay las cooperativas agrarias tienen créditos preferentes y promocionales para los servicios a sus asociados y usuarios.
También se debe establecer un Plan Promocional Tributario para la pequeña agricultura por ser proveedora de alimentos a la ciudad e insumos a las empresas de transformación.
Igualmente, el Congreso debería promover las normas adecuadas para el crédito promocional de la pequeña agricultura familiar. No puede ser que el agricultor, que corre todos los riesgos, su crédito sea tan caro e igual a las empresas de la ciudad cuyos riesgos son menores. Seguro dirán: pero es mayor riesgo, más interés. Si pues, pero no consideran el servicio estratégico de provisión de alimentos que da el agro al país.
