Anular las elecciones generales de 2026 obligaría al Estado peruano a repetir un proceso cuyo costo total se estima en hasta S/ 1,500 millones, según proyecciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). A esa factura fiscal se sumaría un impacto directo sobre la inversión privada, el tipo de cambio y el riesgo país, en un contexto de incertidumbre política prolongada.
La posibilidad ha vuelto al debate público tras los comicios del 12 de abril, en medio de cuestionamientos al proceso y de tensiones entre actores políticos. Aunque el marco legal hace de la nulidad total un escenario altamente improbable, su sola discusión permite dimensionar el costo económico de la inestabilidad institucional.
Un escenario legal excepcional
La Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859) contempla la nulidad total en su artículo 365 solo bajo dos supuestos excepcionales. El primero, cuando los votos nulos o en blanco —sumados o separadamente— superan los dos tercios del número de votos válidos.
El segundo, cuando se anulan procesos electorales en circunscripciones que en conjunto representen al menos un tercio del voto nacional válido.
De declararse la nulidad, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe convocar a nuevos comicios en un plazo máximo de 90 días, un desafío logístico sin precedentes para el sistema electoral peruano.
Una factura fiscal que se duplicaría
El sistema electoral peruano —conformado por el JNE, la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)— ha recibido transferencias sucesivas para financiar el proceso 2026.
Una primera asignación cercana a S/ 500 millones cubrió los gastos preliminares; a ella se suman recursos transferidos en tramos posteriores, incluyendo los S/ 702.4 millones aprobados por el MEF en febrero de 2026 mediante el Decreto Supremo N° 021-2026-EF.
La ONPE proyecta que el costo total de organizar unas elecciones generales completas puede alcanzar los S/ 1,500 millones. En ese contexto, una eventual nulidad implicaría duplicar un gasto público de gran escala, presionando las finanzas del Estado en un año ya exigido.
La presión fiscal no es menor. Se trata de recursos que, en un país con brechas significativas en salud, educación e infraestructura, compiten directamente con el financiamiento de servicios esenciales. Cada sol destinado a repetir el proceso es un sol que deja de cerrar una brecha social.
Impacto en el crecimiento económico
Más allá del gasto público, la incertidumbre política tiene efectos inmediatos sobre la actividad económica. De acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), un escenario de alta incertidumbre electoral podría llevar el crecimiento del Perú a niveles cercanos al 2.7% en 2026, frente al 3.3% registrado en 2025 por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El IPE advierte que la inversión privada no minera es el componente más sensible a este tipo de coyunturas. Una eventual nulidad profundizaría la postergación de decisiones de inversión y consumo, afectando sectores como comercio, servicios y retail.
En un contexto donde la economía busca consolidar su recuperación, prolongar la indefinición política podría tener efectos contractivos significativos.
Impacto en variables financieras clave
La evidencia histórica muestra que los episodios de incertidumbre política en el Perú tienen efectos inmediatos sobre el tipo de cambio y el riesgo país.
Tipo de cambio (S/ por US$), 2020-2026
Durante el proceso electoral de 2021, el tipo de cambio alcanzó un máximo histórico de S/ 4.138 por dólar el 6 de octubre de ese año, impulsado por la salida de capitales y la mayor demanda de activos en dólares en un escenario de tensión política. En un contexto de nulidad electoral, es razonable prever presiones similares sobre la moneda.
Riesgo país: el termómetro de los inversionistas
El riesgo país del Perú, medido a través del EMBI que publica el BCRP, registró incrementos significativos en contextos de crisis e incertidumbre, como durante la pandemia de 2020 y el proceso electoral de 2021.
Un aumento del EMBI implica mayores costos de financiamiento para el país, encareciendo el acceso al crédito externo tanto para el Estado como para el sector privado. Una eventual nulidad electoral podría elevar este indicador y trasladar ese costo a las condiciones de financiamiento.
Más allá del costo: el precio de la incertidumbre
El impacto de una repetición electoral no se limita a cifras presupuestales. La incertidumbre prolongada puede generar efectos sistémicos:
- Postergación de decisiones de inversión privada.
- Mayor volatilidad cambiaria.
- Incremento del riesgo país y del costo del financiamiento externo.
- Deterioro de la confianza empresarial y del consumidor.
En conjunto, estos factores afectan directamente el empleo formal y el crecimiento económico, con efectos que se prolongan más allá del ciclo electoral.
Un escenario costoso y evitable
Bajo el marco legal vigente, la anulación total de las elecciones de 2026 aparece como un escenario altamente improbable. No obstante, sus implicancias permiten dimensionar el costo económico de la inestabilidad política.
De concretarse, el país no solo enfrentaría un nuevo proceso electoral en condiciones logísticas adversas, sino también una factura cercana a los S/ 1,500 millones, junto con un deterioro de las condiciones macroeconómicas y financieras.
En un contexto donde cada sol es clave para cerrar brechas sociales, evitar escenarios de incertidumbre prolongada no es solo una necesidad política: es, ante todo, una prioridad económica.