El pasado 14 de marzo de 2024, la ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, defendió ante el pleno del Congreso la decisión de haber otorgado a una empresa privada la venta virtual de las entradas a Machu Picchu, debido a que el anterior sistema público presentaba irregularidades, desorden y corrupción.
Respecto a esto, la ministra resaltó que las personas dedicadas a la reventa de boletos de acceso a Machu Picchu acumularon ganancias de más de 25 millones de soles, en 2022.
Ante este panorama, Urteaga señaló que era imperativo adoptar medidas audaces y efectivas para reformar el sistema y restablecer la gestión cultural.
Cambios para reformar el sistema
En el Congreso, Urteaga aseguró que la renovación del sistema de ventas de entradas a Machu Picchu, permitió recaudar hasta el momento más de 38 millones de soles.
Asimismo, explicó que este cambio se realizó debido a que algunos trabajadores de la Dirección de Cultura del Cusco manipulaban el sistema de reservas, permitiendo exceder el límite de capacidad de admisión y lucrar ilegalmente a costa del patrimonio cultural y los visitantes.
Por otro lado, la titular de Cultura informó que se creó una mesa técnica para la implementación de una nueva plataforma estatal, debido a las deficiencias presentadas por la empresa privada que tenía a cargo la venta de boletos.
División de bancadas
Tras la explicación de Urteaga, los representantes de diferentes bancadas legislativas se dividieron en dos grupos: los que defendieron la necesidad de modernizar el acceso al sitio arqueológico y los que cuestionaron el procedimiento que se siguió para hacerlo.
Por ello, el congresista Isaac Mita consideró que la entrega de la venta de entradas a Machu Picchu debió realizarse mediante concurso público para evitar estos problemas. Por otro lado, Diego Bazán señaló que la intención fue integrar a la modernidad al sitio arqueológico.
Otro congresistas también expresaron su molestia, como es el caso de Luis Aragón quien pidió la renuncia de la ministra debido a las irregularidades en el proceso, mientras que Guido Bellido afirmó que existieron intereses económicos.
