La minería ilegal en Perú es una grave preocupación nacional y un desafío que afecta no solo la economía del país, sino su seguridad, medio ambiente, derechos humanos y biodiversidad. Un reciente estudio revela que esta actividad clandestina está causando pérdidas económicas masivas. Estas se estiman en más de S/ 22,700 millones al año, equivalente al 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
Estas cifras alarmantes, que superan incluso al narcotráfico en términos de valor de producción, han desencadenado una urgente llamada a la acción por parte de expertos y autoridades.
Una industria clandestina en auge
La minería ilegal e informal en Perú representa un desafío monumental para la economía del país. Según el estudio «Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú», encargado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), estas actividades ilícitas generan pérdidas anuales de S/ 22,700 millones. Esta cifra representa un asombroso 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI) de Perú.
Este estudio revela que la producción minera no formal ha crecido a una tasa anual del 11.7% durante la última década. Sorprendentemente, se estima que el valor de esta producción supera al del narcotráfico, lo que subraya la magnitud del problema económico.
Un problema que va más allá de lo económico
La minería ilegal no solo es un problema económico, sino también una amenaza para la seguridad nacional. Esta actividad ilegal está estrechamente relacionada con el narcotráfico, el sicariato, la trata de personas y la delincuencia organizada. Su expansión ha convertido la minería ilegal en una preocupación real para la seguridad de la nación peruana.
Los impactos ambientales de estas actividades ilícitas son igualmente alarmantes. Entre los años 2001 y 2020, se deforestaron aproximadamente 2,636,585 hectáreas de bosques, lo que representa una tasa de deforestación anual del 8%. Esto tiene un impacto devastador en la biodiversidad y el equilibrio ecológico.
Enfoque integral
El estudio recomienda abordar la minería ilegal desde cuatro componentes: Orden Interno, Marco Normativo y Político, Desarrollo Institucional y Cadena Productiva, bajo un esquema de desarrollo territorial.
Para poner fin a la expansión de la minería ilegal, se propone cerrar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y eliminar el proceso extraordinario de formalización. En su lugar, se insta a seguir la vía ordinaria para las actividades mineras legales.
Es esencial fortalecer la presencia del Estado en la supervisión y seguimiento de la minería. Esto implica reformular el rol del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) y garantizar recursos adecuados para la supervisión y fiscalización.
Se propone una acción coordinada entre diversas instituciones, incluyendo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Osinergmin, UIF, Inteligencia Nacional, Policía Nacional, entre otros, para abordar la problemática de manera eficaz.
Para abordar la cadena productiva, se sugiere crear un sistema de trazabilidad del oro con la participación activa del sector privado. Además, se busca mejorar el control de insumos químicos y la venta de explosivos y maquinaria utilizada en actividades mineras ilegales.
