“En el 2002 ya se realizó una consulta popular en la cual, la población rechazó que se inicien actividades mineras y apostó por la agricultura. El gobierno no puede ir en contra de la voluntad del pueblo, no lo vamos a permitir. Estamos abiertos al diálogo y esperamos que este se dé”, afirmó el alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo, durante una conferencia de prensa realizada este último lunes en Piura.
Alfredo Rengifo se refiere al proyecto minero El Algarrobo, el cuál será adjudicado en los próximos meses, según lo publicado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).
El Algarrobo es que es un yacimiento polimetálico, valorizado en 350 millones de dólares, ubicado en el sector TG-3, en la margen izquierda del río Piura. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha calculado que existen alrededor de 82 millones de toneladas minerales: 1% de cobre, 1,4% de Zinc y 3,8 gramos por tonelada de oro.
Rengifo Navarrete considera que el Gobierno Central debe iniciar el diálogo con las autoridades distritales para evitar ir en contra de la voluntad de la población.
Como se recuerda en un comunicado publicado por Proinversión se detalla que vienen trabajando en el proyecto Algarrobo del cual, aún no tienen un cronograma fijo para su presentación.
Proinversión anunció el proyecto en febrero pasado y adelantó que este se concretaría durante el tercer trimestre de este año a través de una Iniciativa Privada Autosostenible (IPA), es decir que una empresa entraría a desarrollar el proyecto y a cambio tendría que desarrollar iniciativas sostenibles como la generación de agua y ejecutar un parque industrial agropecuario en Tambogrande. El nombre de la empresa se mantiene en reserva hasta que el proyecto supere la fase de interés. Pero se sabe que podría ser de origen canadiense.
La autoridad municipal reafirmó su rechazo público al ingreso de la minería al distrito agrícola. Asegura que hará respetar la voluntad de los tambograndinos expresada en la consulta popular del 2002, donde el 98% de la población se pronunció en contra de la minería y a favor del agro como modelo de desarrollo económico.
Cajamarca y Río Blanco
Por su parte, durante la III Sesión de la Mancomunidad Nororiente realizada en Piura el último sábado, el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, afirmó que el Poder Ejecutivo debe dejarse de insistir en ejecutar el proyecto minero Río Blanco.
El proyecto minero Río Blanco se ubica en los bosques de neblina, una especie de ‘esponja’ porque captura, filtra y distribuye el agua, de la que depende la costa desértica de Piura. Precisamente los posibles impactos del proyecto minero en el ambiente, en particular en el agua, y el desarrollo agrícola es un tema de preocupación de las poblaciones de la región Piura y las provincias de Jaén y San Ignacio en la región de Cajamarca.
El yacimiento de cobre en la zona de río Blanco fue hallado a principios de la década de 1990. Este proyecto minero está a cargo de la empresa minera china Río Blanco Copper S.A.y se ubica en las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y en Yanta (Ayabaca). El plenipotenciario de la República Popular China en Perú, Jia Guide, dijo que se han invertido 600 millones de dólares. Además manifestó que faltaba por desembolsar US$ 2,500 millones este año.
El gobernador de Cajamarca consideró que el proyecto minero en cuestión contaminará las cabeceras de las cuencas de agua y no dejará desarrollo a la región Piura.
Conflictos sociales
La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 180, correspondiente al mes de febrero de 2019, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 179 conflictos sociales registrados (132 activos y 47 latentes).
Los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.1%). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. En relación a las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería es la que se relaciona con más casos socioambientales (62.8% de los casos socioambientales).
Según dicho informe, a febrero del 2019, Piura registra 6 conflictos socioambientales (4 activos y 2 latentes). Cajamarca presenta 10 conflictos (8 activos y 2 latentes).
