En medio de controversia en torno al proyecto minero Tía María, Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, expresó su opinión sobre las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, generando un debate sobre el enfoque del Gobierno en relación con la industria minera.
Benavides sostuvo que el premier actuó políticamente al descartar que Tía María esté en la agenda del Ejecutivo. Según el representante minero, lo fundamental no es imponer proyectos específicos, como Tía María, sino sacar adelante a toda la industria minera.
«No creo que haya mayor contradicción. El presidente del Consejo de Ministros ha sido muy claro y enfático en impulsar y respaldar los proyectos mineros, de ahí a que el proyecto específico de Tía María sea una prioridad y que eso pueda significar que las comunidades puedan entender que los están presionando, creo que el premier ha actuado políticamente. Acá no se trata de sacar Tía María, se trata de que la industria minera pueda salir adelante. No hay forma de imponer proyectos.», indicó Roque Benavides.
Asimismo, destacó la necesidad de impulsar el diálogo entre las comunidades y las empresas mineras para lograr acuerdos. El proyecto Tía María ha estado paralizado durante más de una década debido a la fuerte oposición de la comunidad arequipeña.
Iniciativas del actual gobierno
Además, el representante de la minera Buenaventura elogió la actitud del Gobierno hacia la inversión en el sector minero, señalando que existe un claro interés en impulsar y promover proyectos mineros.
También resaltó la iniciativa anunciada por Otárola de establecer una ventanilla única para agilizar los trámites que deben realizar las empresas mineras para desarrollar sus proyectos, revelando que esta iniciativa tiene prevista su aplicación a comienzos de octubre.
Uno de los aspectos destacados es la promera del Gobierno actual que plantea mejorar el reglamento ambiental de exploración minera, lo que reducirá el plazo de evaluación hasta en 6 meses, reducirá los costos de procedimiento y generará mayor predictibilidad para las empresas mineras.
En el horizonte, el Ejecutivo tiene previsto concluir todos los procesos de certificación y autorizaciones de nueve proyectos con una inversión de US$ 10 mil 500 millones para diciembre de este 2023.
