El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 003-2026 y abrió un esquema de financiamiento de hasta US$2,000 millones para Petroperú, que será canalizado mediante un vehículo de propósito especial administrado por ProInversión.
El dinero provendrá de la banca privada internacional y tendrá un uso restringido a la compra de crudo para sostener la operación de la estatal.
La Presidencia del Consejo de Ministros explicó que el mecanismo no usará recursos del Tesoro Público y que, por primera vez, el esquema se apoya en financiamiento privado internacional.
El Gobierno sostiene que la medida busca garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y mantener operativa a Petroperú, especialmente en zonas como Loreto, Madre de Dios y Ucayali, donde la empresa tiene una participación de hasta 85%.
Protocolo aprobado
Según el protocolo aprobado por ProInversión, el financiamiento tendrá un tope de US$2,000 millones y absorberá un tramo inicial de US$500 millones que fue planteado como financiamiento puente.
El documento precisa que, una vez formalizada la operación principal, ese puente quedará cancelado y el dinero solo podrá usarse para la compra de crudo.
La estructura también contempla una garantía no financiera respaldada por el Ministerio de Energía y Minas, mientras que ProInversión supervisará la canalización de los recursos.
El objetivo, según el Ejecutivo, es separar estos fondos de las deudas previas de Petroperú y dar una señal de disciplina al mercado.
No habrá venta de activos estratégicos
ProInversión afirmó que no está prevista la privatización ni la venta de activos estratégicos de Petroperú bajo esta norma.
El presidente de la entidad, Luis del Carpio, dijo que se trata de un capital de trabajo para asegurar la continuidad operativa de la empresa estatal y atender la demanda interna de combustibles.
El esquema surge en un contexto de presión financiera sobre la petrolera.
Un expediente citado por la Superintendencia del Mercado de Valores recoge referencias a pasivos totales por US$7,853 millones al cierre del primer trimestre de 2026 y a pérdidas operativas que comprometen su viabilidad financiera.
La norma, además, complementa las medidas extraordinarias aprobadas en diciembre de 2025 para reorganizar patrimonialmente a Petroperú y garantizar la continuidad de su cadena de producción.