Producto de las diversas protestas en el territorio peruano, trece sedes judiciales a nivel nacional han sido incendiadas por los manifestantes desde el inicio de las protestas en diciembre 2022 y, por ende, toda la documentación dentro de ellas se ha perdido por completo.
El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo Vela, aseveró que los expedientes ser reconstruirán, pero la demora afectará a los litigantes quienes, en su mayoría, son personas humildes. Además, rechazó cualquier acto vandálico hacia los juzgados de paz.
“Obviamente, la destrucción de todo juzgado es repudiable, pero en esos casos concretos la quema de los expedientes afecta a estas personas que en su mayoría son gente humilde, que tiene un juicio de alimentos, una cosa muy pequeña y se destruyó”, explicó.
Los juzgados penales también se incendiaron
El funcionario también se mostró preocupado ante la quema de los juzgados penales en distintas regiones del país. “Todo es una rara coincidencia: quemo la Fiscalía, quemo el Poder Judicial, quemo la comisaría, pareciera que no se quiere dejar rastro de algo”, alertó.
Además, añadió que todo esto le hace pensar en que, a parte de las personas que sí iban a protestar por una causa justa, hubo gente infiltrada que podría haber tenido lazos con el narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo.
“Ningún protestante en la calle, persona que puede estar indignada con una política, con un personaje, va a ir a poner explosivos en la puerta del Poder Judicial o prender fuego a los expedientes”, anotó.
“Pareciera que todo lo que tiene que ver con la persecución del delito hay que destruirlo. Esa es una coincidencia muy peligrosa”, afirmó el también presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien recordó que se suspendieron los plazos procesales en algunos órganos jurisdiccionales afectados.
El magistrado comentó que la reconstrucción de un expediente no es inmediata, demanda tiempo y retrasa los procesos “porque cuando se rehacen se pide las copias a las partes, emiten una serie de resoluciones, lo cual no se efectúa en una semana o 15 días, y quizá no se llegue a tener toda la documentación que existía en el original”.
Arévalo Vela hizo hincapié en que cuando tome más tiempo de lo normal atender a las personas, podría haber un grupo que manifiesten su incomodidad hacia el Poder Judicial y la lentitud en sus procesos, «y no recordarán que hubo un grupo de desadaptados que fue y prendió fuego a las sedes”.
Recursos para habilitar
El también presidente de la Corte Suprema de Justicia afirmó que los locales estaban asegurados, así como algunos bienes quemados, pero estos procesos también toman tiempo.
“Necesitaremos recursos también para comprar los bienes que faltan, no todo está asegurado, incluso en la reconstrucción de expedientes se gasta”, detalló.
Arévalo señaló que, en los próximos días, tendrán que solicitar ayuda al Ejecutivo, puesto que ya se está valorizando el monto total de la pérdida y todo conlleva gastos. No se ha comentado una fecha exacta en la que se acabe el detalle del monto a solicitar.
El año pasado, rememoró, “hubo destrucciones en el mismo distrito judicial y este año siguió el accionar de los vándalos en la misma jurisdicción. Cada cierto tiempo van y queman los juzgados que no destruyeron, entonces esta cuantificación se hace un poco engorrosa porque cuando ya se tiene una cifra al día siguiente hay uno más y uno más, eso demora”.
Se invocó a la paz
Javier Arévalo manifestó no estar en contra de las protestas, puesto que estas son un derecho constitucional, pero mientras se mantengan dentro de la paz, del respeto a la propiedad privada, pública y a la vida de las personas.
Sin embargo, el magistrado no pudo concebir es que los actos vandálicos tengan como pretexto las manifestaciones, puesto que se pone en peligro la vida de las personas también.
“Eso no es protesta, tiene otro trasfondo que se puede apreciar en el hecho de que los objetivos están dirigidos. Vamos a destruir los locales del Poder Judicial, la Fiscalía y Policía. Y después están los que saquean los centros comerciales. Eso no es protesta, eso es vandalismo, eso es delincuencia”, aseveró.
El presidente del PJ concluyó apuntando al Ministerio Público como el titular de la acción penal y el encargado de denunciar. Posterior a eso, el Poder Judicial se pronunciará con la última palabra: para sentenciar.
«Yo personalmente garantizo, porque esto es un derecho constitucional, que quien sea sometido a proceso tendrá un debido proceso y eso es lo más importante, con justicia, no con una suerte de venganza o de circo”, puntualizó.