Petroperú y ProInversión activaron una nueva fase de coordinación para poner en marcha el esquema de financiamiento de hasta US$2,000 millones aprobado por el Ejecutivo para asegurar la operación de la petrolera y el abastecimiento de combustibles.
El acuerdo llega tras el cruce inicial por la información solicitada por la agencia estatal.
El mecanismo no usa recursos del Tesoro Público. El Decreto de Urgencia N° 003-2026 crea un vehículo de propósito especial y fideicomisos que serán administrados por ProInversión para canalizar fondos provenientes de banca privada internacional.
Cómo funcionará el esquema
Según la norma publicada, ProInversión lidera, estructura y acompaña la constitución del vehículo de propósito especial.
Además, queda como la única entidad autorizada para emitir instrucciones sobre el uso de los recursos que pasen por los fideicomisos.
El dinero tendrá un destino específico. La norma establece que servirá para capital de trabajo, reposición del stock de combustibles e insumos, y servicios necesarios para la producción de hidrocarburos.
El decreto también autoriza al Ministerio de Energía y Minas a asumir compromisos contingentes de corto plazo por hasta US$500 millones como medida transitoria mientras se implementa el esquema principal.
Qué cambió entre Petroperú y ProInversión
En el comunicado conjunto del 20 de mayo, Petroperú respaldó que los mecanismos financieros, fideicomisos y recursos sean estructurados y administrados directamente por ProInversión.
También se comprometió a entregar de manera inmediata la información y el soporte operativo que la agencia requiera.
Ambas entidades remarcaron que el proceso es técnico y que su objetivo es devolverle autosostenibilidad a Petroperú sin poner en riesgo la seguridad energética del país.
El comunicado también señala que los fondos bajo rectoría de ProInversión deben evitar cualquier riesgo de desabastecimiento de combustibles.
Qué sigue en la implementación
El decreto precisa que ProInversión debe aprobar un protocolo de canalización y disposición de flujos dentro de los 10 días calendario posteriores a su publicación.
Además, Petroperú deberá ejecutar los actos societarios necesarios en un plazo máximo de 5 días hábiles desde que reciba la decisión de la agencia. La vigencia de la norma llega hasta el 31 de diciembre de 2026.
Con ese diseño, el Gobierno busca que el financiamiento llegue por la vía privada, quede separado de deudas anteriores y mantenga operativa la cadena de suministro de combustibles mientras avanza la reorganización patrimonial de la estatal.