Petroperú y ProInversión formalizaron el arranque del esquema de financiamiento de hasta US$2,000 millones aprobado por el Ejecutivo para mantener operativa la petrolera estatal y garantizar el abastecimiento de combustibles. Los fondos provendrán de banca privada internacional —no del Tesoro Público— y serán canalizados a través de fideicomisos bajo la administración exclusiva de ProInversión.
El Decreto de Urgencia N° 003-2026 crea un vehículo de propósito especial para estructurar el financiamiento. ProInversión será la única entidad autorizada para emitir instrucciones sobre cómo se usan los recursos que circulen por los fideicomisos.
El destino del dinero queda acotado por la norma: capital de trabajo, reposición de combustibles e insumos, y servicios necesarios para la producción de hidrocarburos.
El cruce que precedió al acuerdo
La coordinación entre ambas entidades no comenzó sin fricciones. ProInversión había solicitado información operativa y financiera a Petroperú como paso previo para estructurar el esquema, y la respuesta inicial de la petrolera generó tensiones entre las dos organizaciones.
El comunicado conjunto del 20 de mayo marca un punto de quiebre: Petroperú respaldó formalmente que los mecanismos financieros y los fideicomisos sean estructurados y administrados por ProInversión, y se comprometió a entregar de manera inmediata la información y el soporte operativo que la agencia requiera.
Como medida transitoria mientras el esquema principal se implementa, el decreto autoriza al Ministerio de Energía y Minas a asumir compromisos contingentes de corto plazo por hasta US$500 millones.
Los plazos que marcan el calendario
La norma es específica en tiempos: ProInversión debe aprobar el protocolo de canalización y disposición de flujos dentro de los 10 días calendario posteriores a la publicación del decreto.
Petroperú, por su parte, deberá ejecutar los actos societarios necesarios en un máximo de cinco días hábiles desde que reciba la instrucción de la agencia. La vigencia de la medida llega hasta el 31 de diciembre de 2026.
Con ese diseño, el Ejecutivo apuesta a que el financiamiento privado llegue separado de las deudas anteriores de la empresa y sostenga la cadena de suministro de combustibles mientras avanza la reestructuración financiera de la estatal.