El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha propuesto una reforma laboral que pretender incluir a los motorizados de Rappi dentro de la planilla laboral. De esta manera, estos trabajadores tendrán un salario mínimo, beneficios sociales como el seguro de salud y las vacaciones remuneradas, o la protección contra el despido injustificado.
«Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo. Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas les decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre», sostuvo el mandatario en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, el CEO de la unicornio Rappi, Simón Borrero, comentó para Amércia economía que esta medida de Petro le preocupa a la empresa, pues obligaría a las plataformas digitales a contratar como empleados a todos los repartidores o rappitenderos que usan la aplicación.
En esta misma línea, la abogada Aymé Límaco, jefa del área laboral de Cuatrecasas, dijo para el medio en mención que la medida podría traer ciertas implicancias de más gastos en la empresa de plataformas digitales. Por ejemplo, cumplir con las obligaciones laborales y brindar beneficios a sus empleados podría afectar sus márgenes de ganancia.
“Podrían enfrentarse al riesgo de que algunas empresas reduzcan su nivel de contratación o se retiren del mercado debido a los costos adicionales asociados con la nueva regulación”, resaltó Límaco.
Situación en Perú
Hasta la fecha, en Perú hubo un total de 17 proyectos de ley que han buscado regular las plataformas y a los trabajadores, según la investigación de la asociación Observatorio de Plataformas.
Actualmente, existe el proyecto en el Congreso de la República, propuesto por la legisladora Susel Paredes (Partido Morado) que apunta a generar un nexo laboral entre los repartidores y las empresas de aplicativos. No obstante, hasta el momento, no se debate.
Asimismo, Enrique Fernández-Maldonado, miembro del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos-Perú Equidad, dijo para el periódico La República que las condiciones laborales de los deliverys son altamente inestables e inseguras.
“Para las empresas de los aplicativos, el vínculo con sus trabajadores es de locación de servicios, no laboral. Y con ello quieren esconder que, a pesar que no cumplen una jornada laboral regular, hay relación de subordinación y sujeción a las condiciones contractuales que les imponen las empresas. A esto hay que sumarle que no están sindicalizados, por tanto, no pueden negociar sus condiciones de trabajo”, puntualizó para el periódico en mención.
