El presidente Castillo hoy afronta el tercer proceso de vacancia en su contra. La moción presentada por el congresista Edward Málaga señala los «evidentes delitos de corrupción» presuntamente cometidos por el presidente y sustentado por las declaraciones de tres empresarios claves: Karelim López, Zamir Villaverde y Sada Goray.
De acuerdo a la empresaria Karelim López, el mandatario Castillo pagó «favores» a los empresarios que apoyaron la campaña presidencial de Perú Libre. En su declaración a la fiscalía, la «lobista» indicó que los delitos fueron cometidos en la casa Sarratea, cuyo dueño, Alejandro Sánchez, hoy cumple prisión preventiva por el caso «Gabinete en la Sombra«.
Uno de los empresarios señalados por la ahora aspirante a colaborador eficaz Karelim López es Zamir Villaverde, dueño de la empresa de seguridad Vigarza, que de acuerdo a la tesis fiscal se hizo de manera irregular con la obra Puente Tarata III. En la adjudicación de esta obra intervino Lopez, quien cumplió el rol de operadora de Villaverde para negociar licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“(Era) el 5% cuando eran mayores de 30 millones (de soles). Y en la que eran menos de 30 millones se daba el 10%”, declaró Karelim sobre las coimas que debían pagar los empresarios para obtener las obras solicitadas.
Las coimas eran repartidas entre un grupo de congresistas de acción popular apodados «Los Niños»: Ilich López, Raúl Doroteo, Jorge Flores y Darwin Espinoza. Además, el dinero ilícito también era entregado a los ministros, el presidente Castillo y miembros de su familia.
Si bien hasta la fecha Karelim Lopez no ha brindado prueba alguna que confirme la veracidad de su declaración, su abogado, Cesar Nakazaki, afirmó que «ella no tiene el deber legal de declarar”, debido a que ya cumplió con la colaboración con dar toda la información a la Fiscalía.
El modus operandi señalado por Karelim Lopez coincide con lo declarado por la empresaria Sada Goray el último fin de semana. La gerente general de la inmobiliaria Marka Group admitió el pago de S/4 millones para beneficiarse económicamente con resoluciones del Ministerio de Vivienda y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
El dinero fue entregado al entonces al jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo Alcántara, quien le afirmó que el dinero tenía como destino el presidente Pedro Castillo, miembros de su familia y congresistas. Los pagos tuvieron lugar entre diciembre de 2021 y junio de este año.
