La presidenta Dina Boluarte se encuentra nuevamente bajo la lupa debido a las investigaciones relacionadas con el Caso Rolex.
En esta ocasión, las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito provienen de la Contraloría General de la República, cuyo titular, Nelson Shack, alertó de la existencia de cuentas bancarias a nombre de Boluarte, de las cuales no se tenía conocimiento previo.
Asimismo, el contralor reveló que Boluarte fue notificada de estas cuentas el 1 de julio. Diez días después, el 11 de julio, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley ante la Comisión de Presupuesto que limita las funciones de la Contraloría, lo cual, según Shack, «reduce la capacidad operacional de la institución”.
Además, Shack sostuvo que la presidenta, al ocultar la totalidad de sus cuentas, habría incurrido en un desbalance patrimonial.
Dina Boluarte y el presunto desbalance patrimonial
Según Nelson Shack, quien recientemente fue ratificado en su cargo por el Congreso, las acciones de la presidenta provocaron un presunto desbalance patrimonial. Ante estas sospechas, la comisión auditora decidió notificar oficialmente a Boluarte sobre el hallazgo.
Por otro lado, al ser consultado sobre si la advertencia al Ejecutivo sobre el posible desbalance patrimonial de Boluarte pudo haber motivado la presentación de la propuesta legislativa, Shack señaló que no podía afirmarlo, pero indicó que es una opinión compartida por muchos, sin embargo, aseguró que la investigación sigue su curso.
La norma de Dina Boluarte que reduce la capacidad operativa de la Contraloría
El proyecto de ley busca eliminar las visitas de control concurrente de la Contraloría, lo que permitiría destrabar y acelerar las obras. Sin embargo, también impediría detectar irregularidades, corrupción o inconsistencias durante la ejecución de los proyectos, comprometiendo la vigilancia y transparencia.
Por su parte, Shack consideró que esta norma interfiere directamente con las competencias funcionales de la Contraloría y señaló que ni en gobiernos anteriores se habían tomado medidas que afectaran tanto a la institución.
El contralor también precisó que el Ejecutivo no comunicó en ningún momento la intención de plantear esta disposición.
Por ello, para evitar su aprobación, Shack solicitó al Congreso participar en la sesión en la que se votará esta norma, con el fin de alertar sobre los riesgos que conlleva.