Durante el evento Inside LatAm: Perú 2026, organizado por la agencia clasificadora de riesgo Moody’s, los analistas mostraron una radiografía del panorama económico nacional. Aunque la solidez de las cuentas públicas y los elevados precios internacionales de los metales como el cobre y el oro mantienen a flote la actividad económica, Renzo Merino, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s Ratings, cuestionó si «ha llegado la hora de apagar el piloto automático».
Según Moody’s, depender únicamente de la disciplina fiscal del pasado ya no es suficiente para compensar las grietas institucionales. La inestabilidad política experimentada en la última década ha frenado las reformas de productividad e infraestructura, desacelerando el crecimiento potencial del PBI nacional.
Solidez macroeconómica
A pesar de las debilidades internas, las proyecciones para el Perú siguen situándolo a la cabeza de la región. La economía peruana crecería un 3,2% al cierre del 2026 y un 3,4% en 2027, superando ampliamente el promedio de América Latina (2,0%).
Esta resiliencia responde a fortalezas históricas del país: una deuda pública cercana al 30% del PBI, mientras que en otros países de la región el porcentaje alcanza el doble, el mayor nivel de reservas internacionales de la región (28% del PBI) y una moneda que se consolida como la más estable de América Latina en los últimos años.
El FEN y los sectores primarios
El camino hacia el cierre de año no está libre de dificultades. El impacto del fenómeno El Niño Fuerte viene golpeando directamente a las actividades primarias, provocando caídas en sectores determinantes para la economía como la agricultura (-0,5%), la pesca (-28,3%) y la manufactura primaria (-6,2%).
Si revisamos los precios, la inflación acumulada a doce meses subió a 4,1% en julio por alzas puntuales en el transporte y los combustibles. Sin embargo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) prevé que el indicador cierre el 2026 en 3,8% y se modere hacia un 2,0% para el 2027.
Disciplina fiscal y los riesgos en la mira
En rueda de prensa previa a la conferencia, Renzo Merino profundizó sobre el manejo fiscal peruano frente a los ajustes recientes en las reglas de déficit. El especialista sostuvo que, a diferencia de otros países de la región donde las reglas fiscales sufrieron cambios severos, las modificaciones propuestas en Perú son «menores» y no alteran la trayectoria de endeudamiento. Sin embargo, advirtió sobre dos frentes críticos de mediano plazo: las leyes de gasto aprobadas por el Congreso y la situación financiera de PetroPerú como un pasivo contingente que podría presionar el presupuesto público si requiere asistencia continua.
Respecto a los choques externos y climáticos, como el fenómeno El Niño Costero o las tensiones arancelarias, Merino destacó que la resiliencia del consumo interno y el repunte de la confianza empresarial han ayudado a amortiguar el impacto. No obstante, enfatizó que la baja capacidad de ejecución del Estado representa un cuello de botella constante.
El portavoz de Moody’s remarcó que el verdadero desafío para el Perú no es solo limitar el gasto en el corto plazo, sino mejorar la calidad del gasto público e incrementar la recaudación de manera estructural para atender las brechas sociales sin sacrificar la inversión en capital humano e infraestructura.
Los retos urgentes: seguridad, inversión y reformas
La evaluación de Moody’s ubica al Perú en un perfil crediticio Baa1, respaldado por su solidez fiscal pero condicionado por sus riesgos políticos y de gobernabilidad. Entre las mayores preocupaciones de la agencia destacan el avance del crimen organizado y la minería ilegal, los cuales afectan el estado de derecho, incrementan los costos operativos empresariales y reducen la capacidad del Estado.
Para sostener el crecimiento a largo plazo, los especialistas coincidieron en que el país debe encarar reformas estructurales impostergables: cerrar la brecha de infraestructura, unificar los regímenes tributarios, elevar la calidad de la educación y el servicio civil, y consolidar la seguridad jurídica para destrabar la inversión privada.