El ataque con explosivos contra la unidad de producción Santa María de Compañía Minera Poderosa, ocurrido durante la madrugada del miércoles en la provincia de Pataz, región La Libertad, desató una reacción inmediata de los principales gremios empresariales del país. ComexPerú y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtieron que la violencia asociada a la minería ilegal ya no solo amenaza vidas, sino que compromete el control territorial del Estado.
El atentado dejó dos trabajadores contratistas con lesiones auditivas, quienes fueron evacuados a Trujillo para recibir atención médica especializada. La minera activó sus protocolos de contingencia y anunció que colabora con las autoridades para identificar a los responsables.
Pataz, «el símbolo más evidente» de la pérdida territorial
ComexPerú calificó el ataque como «una nueva muestra de la violencia con la que actúan las organizaciones vinculadas a la minería ilegal y de la creciente pérdida de control del Estado en la zona».
El gremio sostuvo que Pataz se ha convertido en «el símbolo más evidente de la pérdida de control territorial frente a economías ilegales que amenazan la seguridad de las personas, la actividad productiva formal y la convivencia pacífica».
Para Comex, la capacidad del crimen organizado de atacar instalaciones formales con explosivos pone en riesgo «no únicamente una operación minera, sino la capacidad misma del Estado para hacer cumplir la ley».
El gremio señaló que la situación obliga al próximo gobierno a acelerar su capacidad de respuesta y convirtió la recuperación del control territorial en una exigencia prioritaria de cara al cambio de administración.
La SNMPE alerta un cambio en el patrón de violencia
La SNMPE fue más allá en su diagnóstico. El gremio advirtió que los grupos vinculados a la minería ilegal han modificado sus métodos: «ya no solo atacan y asesinan a trabajadores mineros en los socavones, sino también ahora buscan destruir la infraestructura de los campamentos y oficinas administrativas».
La entidad alertó que estos operadores buscan convertir a Pataz en una «zona liberada» para el desarrollo de actividades ilícitas, a pesar de la declaratoria de emergencia vigente y de la presencia de efectivos militares y policiales en la provincia.
«No se puede tolerar que la criminalidad asociada a la minería ilegal continúe amenazando la seguridad de los habitantes de Pataz y de los trabajadores de las empresas mineras formales», señaló la SNMPE, que también demandó reforzar las medidas de seguridad en la zona.
Pataz concentra parte relevante de la producción aurífera del país y ha sido escenario de una escalada sostenida de violencia protagonizada por organizaciones criminales que disputan el control de yacimientos y rutas de extracción ilegal.