El 87% de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe necesita de capacitación para realizar sus funciones, según datos de la última evaluación (2020) realizada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
Esta falta de aptitud por parte de los funcionarios de los tres niveles de Gobierno se ve reflejada en las 2,624 obras paralizadas hasta la fecha y la baja ejecución de la inversión pública. A esto, Servir señala que los servidores estatales que se dirijan a estas funciones tendrán, como marco, perfiles que esta entidad apruebe.
Según el exministro de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla, la problemática de las deficientes capacidades que tienen los funcionarios estatales se ha agravado. También mencionó que la cifra podría ser mayor teniendo en cuenta la alta tasa de rotación de funcionarios en los últimos años.
«De los operadores del sistema de inversión pública (en los tres niveles de Gobierno), solo el 2 % de los evaluados pasan con 18 el examen. Otro 11 % solamente pasa. Esto significa que para la inversión pública, alrededor del 90% de los funcionarios no cumple con los requisitos mínimos para llevar a cabo las inversiones públicas«, señaló.
El exministro agregó que parte del problema también pasa por la gran distribución interna y polarizada de los gobiernos locales y el poco atractivo que representan para un personal más capacitado.
«Sugiere un problema porque hay municipalidades pequeñas, alejadas y que pagan muy poco. Es mucho más difícil reclutar a talento bajo a esas condiciones. Hay unidades bastante heterogéneas, con municipios con más de un millón de personas o ministerios gigantescos que tienen que pasar por el mismo sistema administrativo que una comuna con dos mil habitantes».
Alta rotación de funcionarios
Carlos Casas, exviceministro de Economía, estima también que el porcentaje (de funcionarios no capacitados) haya aumentado luego del último sondeo, aludiendo a un «éxodo» de los mejores servidores públicos.
Señaló que será difícil volver a «atraer» a este personal, pues muchos se encuentran en el sector privado, el cual ofrece más estabilidad y oportunidades.
«No hay forma de retener talentos, pues no se cuenta con una ley de servicio civil de carrera pública, lo que termina en nuevos funcionarios inexpertos. Ha habido un éxodo de gente capacitada, en particular desde el 2021 (administración de Pedro Castillo), hacia el sector privado».
«El problema de incapacidad posiblemente se pudo haber agravado. Esta salida de talentos ha pasado por el mayor desprestigio del Estado al relegar perfiles técnicos en la alta dirección y la inestabilidad de estos mismos funcionarios. La incertidumbre gatilló salidas y será difícil convencer a que vuelvan al Estado, en especial los de menor rango», comentó.
Del mismo modo, destacó que la problemática se repite en otras jerarquías gubernamentales como las de orden ministerial: «En el Gobierno de Toledo y el segundo de Alan García, en promedio, un primer ministro duraba doce meses. Ahora el promedio es de menos de tres meses», agregó.
Castilla hizo hincapié en que esto paraliza la situación, puesto que se tiene que esperar a que entre el nuevo jefe. Esto pasa en puestos de ministros, viceministros o directores de línea.
¿Cuál es el impacto de la incapacidad?
Para Carlos Casas, en principio, el tener funcionarios con baja capacidad es parte de la explicación de los casi siempre bajos niveles de ejecución de inversión pública, pero sobre todo de la calidad de esta.
Destacó también el correlato que la problemática tiene con la insatisfacción social en muchas regiones, provincias y distritos del país, pues no se entregan los bienes y servicios que estos requiere, y si lo hacen no es en el tiempo donde son más necesarios.
«Esto es el simil al back office (sectores y funciones administrativas que están detrás de la operación) de una empresa, que se asegura que se dé el bien o servicio en el momento que se requiere. El cliente está insatisfecho cuando no se le entrega su producto y lo mismo es con el ciudadano».
Ejemplificó el caso con la compra fallida de la urea, la cual tuvo como marco la «falta de capacidades», destacó Casas.
Por su parte, Luis Miguel Castilla, además de la baja ejecución, indicó la dimensión de obras paralizadas muchas veces por falta de capacidad técnica.
«En el caso de las obras paralizadas, tiene como causas centrales incumplimientos contractuales por parte del Estado y expedientes técnicos deficientes», aseveró.
Se apunta a una mejora
Janeyri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, quien no indicó si el porcentaje de funcionarios que necesitan de capacitación aumentó o se redujo, mencionó que, de la mano con el MEF y en el marco de Con Punche Perú, se trabajó una propuesta para fortalecer a los servidores que acompañen la inversión pública.
Señaló que los servidores públicos que se dirijan a estas funciones tendrán, como marco, perfiles que apruebe Servir (posiblemente la próxima semana), metas individuales y colectivas en torno a la ejecución presupuestal y evaluaciones de medio término y fin de año. El presupuesto sería de S/ 100 millones.
El decreto de urgencia (002-2023) permite contratar en dos vías. Gerentes municipales y regionales de las 25 regiones y alrededor de 260 comunas provinciales y distritales, a través de la ley de servicio civil. Además, poder contratar «en combo» un paquete de tres o cuatro directores de aquellos puestos que acompañan los proyectos de inversión pública (en abastecimiento, planeamiento, entre otros) a través de contratos con el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público.
«Los gobiernos subnacionales podrían proponer talento local, pero nosotros definiríamos si cumplen con los requisitos o no», anotó Boyer.