La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente del Sistema Especializado, desestimó hoy el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra.
Vizcarra, hoy candidato al Congreso de la República, es acusado de delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo impropio.
El expresidente de la República es investigado por los presuntos sobornos -de S/2′300.000- de las constructoras Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) para la licitación del Hospital Regional de Moquegua (S/1′300.000) y del proyecto Lomas de Ilo (S/1′000.000), respectivamente, cuando fue gobernador de esa región (2011-2014).
«Sí existen graves y fundados elementos de convicción respecto de la presunta comisión delictiva de estos dos hechos (Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua)», sostiene la jueza Álvarez.
Sobre la imputación de asociación ilícita a Martín Vizcarra, la jueza considera que la fiscalía «no ha cumplido con señalar la vinculación» del expresidente con el Club de la Construcción, por lo que en ese apartado «no hay graves elementos de convicción».
Pese a ello, la jueza Álvarez afirma que, considerando los dos primeros delitos imputados (cohecho y colusión agravada), se ha cumplido con el segundo presupuesto para la prisión preventiva: la prognosis de la pena superior a 4 años.
Posteriormente, la jueza expuso sobre el tercer requisito para la prisión preventiva: el peligro procesal. Afirmó que, a su criterio, el arraigo domiciliario y familiar de Martín Vizcarra sí ha sido acreditado.
Sobre el arraigo laboral, la jueza sostuvo que si bien Vizcarra viene realizando actividad política no remunerada, sí pretende acceder a un cargo público. «Este único dato no sostiene un riesgo grave sobre el peligro de fuga», indicó.
Sobre el peligro de fuga de Martín Vizcarra, la jueza Álvarez señaló que «no se cuenta con esa alta probabilidad exigida para el dictado de este tipo de medidas».
«No advertimos una alta probabilidad de que el investigado rehúya a la acción de la justicia y que, por ende, exista el peligro de fuga requerido para el dictado de la prisión preventiva», afirmó la jueza Álvarez.
*Con información de Delsy Loyola Jorge – El Comercio