«Marcha por la paz» sí tenía fin político. El diario La República accedió a un documento «reservado» donde demuestra que la Policía Nacional del Perú promovió esta marcha como respuesta a la manifestaciones violentas que estallaron el 7 de diciembre contra la mandataria Dina Boluarte.
Este documento “reservado” está suscrito por el comandante general de la Policía Nacional, teniente general Raúl Alfaro Alvarado, con fecha del 31 de diciembre del 2022.
De esta manera, se entiende que la PNP tenía una intencionalidad política al alentar una “marcha por la paz” en contrataposición a los ciudadanos que expresaron su desacuerdo con la instalación del nuevo régimen.
Esta orden “reservada” firmada por el comandante general de la PNP propone que «los señores Generales PNP, jefes de las Macrepoles (macro Regiones Policiales), Direcciones Especializadas, Frentes Policiales (se) organicen y ejecuten una marcha por la paz el 3 de enero de 2023».
La marcha era insconstitucional
El constitucionalista Omar Cairo alertó que si la marcha se llega a concretar con la participación activa de miembros policiales se incurriría en una infracción a la constitución. De acuerdo a Cairo, la carta magna en el artículo 34 señala de manera explícita que no pueden participar en manifestaciones.
«Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley», señala la Constitución.
La Policía da marcha atrás
Finalmente, la Policía Nacional del Perú (PNP) publicó un comunicado en sus redes sociales donde exhortaba a sus miembros no incentivar la participación de la ciudadanía en la marcha, con el fin de no generar «malos entendidos» en medio de un contexto de crisis sociopolítica.
