Tras la publicación del informe de la Amnistía Internacional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) lamentó la pérdida de vidas humanas por las protestas, pero sostuvo que «es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un «racismo sistémico» en el actuar de las distintas autoridades«.
De igual manera, comunicaron que el gobierno «aprecia el diálogo abierto» sostenido el pasado 15 de febrero entre la presidenta Dina Boluarte con representantes de ese organismo.
«El Ejecutivo viene brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público con el fin de identificar a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida, como también a la propiedad pública y privada en los últimos meses«, continua el comunicado.
El ministerio también reveló que se creó una Comisión Multisectorial en la que participan como invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Perú y del Consejo Interreligioso de Perú.
Ayuda económica a las víctimas
Asimismo, el Minjus anunció que se ha acordado entregar «un apoyo solidario» de 50.000 soles (unos 13.150 dólares) por cada persona fallecida, y 25.000 soles (unos 6.500 dólares) a los heridos de gravedad, civiles y policías.
«Asimismo, se identifican las necesidades de estas personas en temas de salud física y mental, educación, vivienda, agrarios, entre otros para poder brindarles atención integral», puntualizó.
¿Qué dijo la Amnistía Internacional?
La Amnistía publicó un informe donde decía que, durante las protestas en Perú, hubo «ataques generalizados» hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la «grave crisis de derechos humanos«.
«Efectivamente, en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de ataques generalizados hacia la población, con la intención de castigar y silenciar a personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta», puntualizó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
