La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato y el Equipo Especial del Ministerio Público suscribieron dos acuerdos de colaboración eficaz con los exdirectivos de la antigua empresa Graña y Montero, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña.
A través de estos acuerdos, ambas personas reconocen graves delitos de corrupción y se comprometen a colaborar con la justicia peruana entregando valiosa información, documentos y testimonios respecto a seis carpetas fiscales: el caso “Club de la Construcción” y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3.
Los convenios establecen además que, tanto Graña Miró Quesada como Graña Acuña pagarán al Estado montos de reparación civil de S/ 39.9 millones y S/ 17.7 millones, respectivamente. Así, el monto total que recibirá el Estado como indemnización será de S/ 57.6 millones, por los daños que causaron ambas personas a través de los delitos que cometieron.
Conforme a las cláusulas fijadas en los acuerdos, la cancelación total de los pagos de reparación civil se realizará entre los 60 y 120 días después de que sean aprobados judicialmente. Los acuerdos fueron presentados al Poder Judicial el pasado 27 de enero.
“Estos convenios permitirán la entrega de información clave para que las investigaciones en seis procesos penales lleguen a juicio, donde esperamos que el resto de investigados reciban todo el peso de la ley y sean condenados”, señaló la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola.
La abogada del Estado indicó que estos acuerdos también son importantes porque permitirán el cobro efectivo de la reparación civil en un plazo corto de tiempo. “Es un logro para la Procuraduría ad hoc. Hemos diseñado cláusulas que permiten asegurar los pagos acordados, los cuales están respaldados por los embargos que hemos realizado contra ambas personas al inicio de los procesos”, resaltó.
Carrión concluyó que hasta el momento “estamos ante las reparaciones civiles más altas de la historia del país que serán pagadas por personas naturales, en lo que se refiere a casos de corrupción”.
Cabe señalar que los pagos que realizarán ambas personas son adicionales a los S/ 480 millones que pagará la compañía Aenza (antes Graña y Montero), según el pre-acuerdo de colaboración eficaz que firmó esta empresa con la Procuraduría ad hoc y el Equipo Especial en mayo de 2021.