El nivel de las operaciones de las empresas constructoras disminuirá en 1.8% este año 2022 y 1.2% en el primer bimestre del mismo, según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).
Según el mismo organismo, en el último trimestre del 2021, la construcción sufrió una disminución de 6.2%.
La Capeco advierte además, que pese al crecimiento de 34.7% que experimentó la actividad constructora en el 2021 respecto al año anterior, aumenta la probabilidad de que el sector sufra una disminución en el 2022.
Las razones
Según la Capeco, la disminución en el sector se debe a la confrontación y la incertidumbre en el ámbito político, la demora del Gobierno para tomar decisiones clave que corrijan factores que limitan la inversión pública y privada.
Además de la influencia de factores externos en los precios de materiales de construcción y las tasas de interés.
Caída
La caída de 6.2% que sufrió el sector construcción en el último trimestre del año pasado se habría extendido a enero 2022, mes en el que el sector se habría contraído 3.7%, según una estimación preliminar efectuada por Capeco.
Asimismo, existe un alto riesgo de que en los próximos meses esta tendencia se mantenga, o incluso se acentúe, por la persistencia o agravamiento de los factores previamente señalados.
Propuestas
En esa línea, Capeco ha propuesto un conjunto de iniciativas de corto plazo para el sector construcción que tiene que ver con la modificación del actual Reglamento de Contrataciones Públicas.
En ese sentido la Capeco propone eliminar el requisito de presentación de cartas de líneas de crédito bancarias, impulsar el funcionamiento de las Juntas de Resolución de Disputas y modificar los índices de actualización de precios de insumos de construcción que han quedado retrasados por el fuerte incremento de precios de materiales.
Además, sustituir los criterios de selección de contratistas de obras y establecer mecanismos que aseguren la igualdad de condiciones para empresas nacionales y extranjeras en procesos de contratación pública
Asimismo asegurarse de que las licitaciones públicas convocadas por instituciones públicas de manera directa o encargadas a organismos internacionales, no establezcan requisitos de admisibilidad excesivos, atentando contra los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, equidad e integridad que rigen las contrataciones estatales.
Al igual que garantizar la neutralidad de las autoridades durante la campaña electoral, otorgar mayores recursos presupuestales para incrementar las metas de colocación y los valores de los subsidios habitacionales para los programas Techo Propio y Mivivienda.
Y de igual forma, propiciar la aplicación coherente de la normativa nacional que rige los procedimientos técnico- administrativos de habilitación urbana y de edificación.
